Tres trabajadores de prensa argentinos denunciaron que fueron expulsados de Venezuela al intentar ingresar para realizar una cobertura periodística. Según relataron, las autoridades migratorias del aeropuerto de Caracas les retuvieron los pasaportes, los sometieron a prolongados interrogatorios y finalmente los obligaron a abordar un vuelo rumbo a Bolivia sin comunicarles el motivo de la medida. El hecho encendió alarmas en el sector de medios argentinos, que observa con creciente inquietud el tratamiento que reciben los equipos que viajan a zonas de alta tensión política.
El grupo, integrado por los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís, había arribado al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con la intención de registrar el pulso social y político de Venezuela. Sin embargo, aseguran que apenas mostraron la documentación quedaron aislados del resto de los pasajeros y fueron conducidos a instalaciones internas de Migraciones, donde pasaron más de dos horas respondiendo preguntas reiterativas sobre su actividad laboral y el motivo del viaje.
Según su relato, durante ese lapso distintos funcionarios se acercaron para tomarles fotografías, revisar sus pertenencias y consultarles con insistencia quién los había invitado, con quién se reunirían y qué recorridos tenían previstos. Los periodistas sostienen que el tono de las preguntas dejó en claro que los funcionarios sabían desde el inicio que se trataba de un equipo de prensa, lo que aumentó la tensión en cada intercambio. Aseguran también que en ningún momento se les mencionó una irregularidad migratoria ni un impedimento previo de ingreso.
La situación se definió de forma abrupta. Los agentes les comunicaron que su entrada al país había sido rechazada y los escoltaron por un pasillo hasta la manga de un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra. Allí fueron enviados sin sus pasaportes, documentos que —según les informaron después— recién les serían devueltos al llegar a Ezeiza. Esa decisión, explican, profundizó la confusión y el malestar, ya que no recibieron ninguna explicación oficial sobre la retención.
El equipo sostiene que nunca mencionó temas vinculados a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ni asuntos que pudieran interpretarse como provocativos. Su intención, remarcan, era realizar una serie de informes sobre la vida cotidiana de los venezolanos, una cobertura que varios medios argentinos intentan abordar para comprender con mayor detalle la situación del país caribeño.
Mientras aguardaban el vuelo de regreso desde Bolivia, los periodistas reflexionaron sobre la secuencia que terminó con la expulsión. Dijeron que comprendieron que la decisión de las autoridades venezolanas buscaba impedir de manera directa cualquier actividad periodística, algo que se manifestó desde las primeras preguntas y en la actitud cada vez más restrictiva de los funcionarios.
El episodio generó un fuerte impacto en el ámbito mediático argentino, donde colegas y especialistas advierten que la labor de los corresponsales enfrenta riesgos crecientes en contextos de inestabilidad política. En varios medios se señaló que este tipo de incidentes obliga a reforzar los protocolos de seguridad y a revisar los mecanismos de asistencia consular para los equipos que viajan a cubrir escenarios sensibles.
También volvió a instalarse el debate sobre la libertad de expresión en la región y la función de los periodistas que trabajan en el exterior. Para muchos comunicadores, la expulsión sin fundamentos sólidos representa un obstáculo directo al ejercicio de la prensa y evidencia las dificultades que persisten para acceder a información desde el terreno.
De regreso a la Argentina, los miembros del equipo esperan recuperar sus documentos y retomar sus actividades. Aun así, reconocen que la experiencia marcará un precedente importante para futuras coberturas internacionales y para la evaluación de riesgos en viajes a países donde el clima político es especialmente volátil.
