La jueza Loretta Preska volvió a poner a la Argentina bajo presión en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Este martes, ordenó que el país entregue antes del 10 de noviembre un listado de funcionarios y exfuncionarios que colaborarán con la Justicia de Estados Unidos, incluyendo chats, correos electrónicos y mensajes en aplicaciones como WhatsApp, Signal y redes sociales. La entrega completa de la documentación queda fijada para el 21 de noviembre.
El proceso se enmarca en el discovery, mediante el cual los demandantes buscan información para embargar activos argentinos y cobrar parte de la millonaria sentencia que en 2023 condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares a los fondos Petersen y Eton, financiados por Burford. En julio, la jueza ya había ordenado que parte del pago se realizara con acciones de YPF.
Los demandantes buscan determinar si empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado, lo que podría complicar la gestión de activos estatales en el país.
La defensa argentina solicitó extender el plazo del 30 de octubre al 21 de noviembre y coordinar la colaboración de 35 funcionarios y exfuncionarios, pero advirtió que no puede garantizar que todos los registros se hayan conservado. También confirmó que inició la apelación contra la orden de entrega.
Los abogados de los fondos denunciaron maniobras dilatorias y reclamaron que, si para el 21 de noviembre no se entrega la información, se declare a Argentina en desacato. Preska no emitió sanción directa, pero dejó abierta la posibilidad de iniciar un discovery sobre el discovery para evaluar incumplimientos y posibles medidas.
La resolución tiene impacto directo en la gestión de YPF, clave para la economía de Salta y el sector petrolero regional. La provincia sigue de cerca la situación, ya que cualquier decisión sobre los activos podría afectar inversiones, empleo y proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
El caso refleja la tensión entre la soberanía nacional y las obligaciones internacionales, y pone en evidencia los desafíos del Estado para preservar comunicaciones internas de funcionarios mientras cumple con sentencias millonarias en el exterior.
Con los plazos del 10 y 21 de noviembre como fechas críticas, Salta y todo el país observan de cerca un proceso que mezcla política, economía y derecho internacional, y que podría redefinir la relación de Argentina con los actores financieros globales en los próximos meses.
