La reciente comunicación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro reconfiguró por completo el escenario político regional. Durante el fin de semana, el dirigente republicano mantuvo una conversación directa con el mandatario venezolano para exigirle que abandone Caracas en poco tiempo. La advertencia llegó acompañada de una promesa: si no hay una salida inmediata, Estados Unidos profundizará la presión militar y reforzará las operaciones destinadas a desmantelar la estructura del régimen chavista.
En la llamada participó Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, una figura clave dentro de la administración estadounidense en materia de política exterior. Su presencia marcó un giro decisivo: la Casa Blanca dejó atrás cualquier intento de negociación o acuerdo transitorio que pudiera otorgar margen de maniobra al gobierno venezolano. Las alternativas que antes aparecían sobre la mesa, como habilitar canales petroleros o pactar una transición gradual, quedaron archivadas.
Trump fue directo. No ofreció mesas de diálogo ni mecanismos diplomáticos de transición. Su postura se centró en derribar la red de protección política y criminal que sostiene al régimen. Para Washington, la prioridad es desarticular los carteles que operan bajo la órbita estatal, especialmente el llamado Cartel de los Soles, cuya influencia se extiende desde la cúpula militar hasta los negocios ilícitos vinculados al tráfico de drogas, armas y petróleo. Con ese objetivo, Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, una medida que habilita sanciones más severas y acciones directas contra su infraestructura.
La exigencia de Trump fue aún más amplia: si Maduro abandona Caracas, deberá hacerlo acompañado por quienes integran el núcleo duro del chavismo. Entre ellos figuran Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, piezas centrales de la maquinaria política y represiva del régimen. Esta nueva posición deja atrás discusiones previas en Washington, donde se había evaluado tolerar que una eventual transición quedara en manos de los Rodríguez para evitar un colapso institucional abrupto.
En paralelo, el Pentágono reforzó la presencia militar frente a las costas venezolanas y activó mecanismos para bloquear recursos del régimen. Según trascendió, entre diciembre y mediados de enero se profundizarían las operaciones destinadas a golpear la logística e infraestructura del Cartel de los Soles. Los detalles, mantenidos en estricta reserva, son conocidos solo por Trump y Rubio, quienes sostienen el control del plan.
El expresidente volvió a referirse a la situación durante un contacto por zoom con fuerzas militares estadounidenses en el Día de Acción de Gracias, donde aseguró que el narcotráfico modificó sus rutas marítimas ante la presión de Washington. Adelantó que Estados Unidos enfocará ahora su ofensiva en los movimientos terrestres, lo que anticipa una ampliación de las operaciones en la región.
La tensión aumentó cuando surgió la versión de un posible encuentro personal entre Trump y Maduro. Rápidamente, la Casa Blanca negó cualquier intento de reunión y calificó la versión como un invento, reafirmando que la postura estadounidense no contempla negociaciones directas.
Mientras tanto, la oposición venezolana observa con atención los movimientos. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, figuras centrales del bloque opositor, se mantienen a la espera de que se concrete la salida de Maduro para encabezar un proceso democrático largamente reclamado.
El endurecimiento de la presión estadounidense marca un punto crítico para el futuro de Venezuela. Con la amenaza de operaciones militares más profundas y un cerco político cada vez más rígido, el régimen enfrenta uno de los momentos más delicados desde su consolidación. El desenlace podría redefinir el equilibrio regional y abrir, finalmente, un capítulo de transición política en el país caribeño.
