La disputa diplomática entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente Donald Trump anunciara que el espacio aéreo del país caribeño debe considerarse “cerrado en su totalidad”. La declaración, lanzada a través de su red social Truth Social, encendió alarmas en toda la región y obligó al gobierno de Nicolás Maduro a emitir una respuesta inmediata.
En su comunicado oficial, Caracas “denuncia y condena” lo que define como una amenaza colonialista dirigida a vulnerar su soberanía aérea. Para el gobierno venezolano, el anuncio estadounidense constituye una “agresión ilegal e injustificada”, incompatible con el Derecho Internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Según remarcan, Washington estaría intentando aplicar su jurisdicción de manera extraterritorial para imponer decisiones sobre un espacio que, recuerdan, es de “soberanía exclusiva y absoluta” del Estado venezolano.
La advertencia de Trump se da en paralelo a un despliegue militar de gran magnitud en el Caribe, encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y acompañado por buques de guerra, aeronaves de combate y miles de efectivos. Estados Unidos sostiene que busca frenar el accionar de organizaciones narcotraficantes que —según acusa— operan bajo la protección del gobierno chavista.
Sin embargo, desde Caracas interpretan estas maniobras como un gesto hostil y arbitrario que apunta a ejercer presión política y militar. En su mensaje, Venezuela afirma que la declaración de Trump equivale a una “amenaza de uso de la fuerza” y advierte que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero”. Además, reclama respeto por su espacio aéreo conforme a lo establecido por la OACI y el Convenio de Chicago de 1944, normas que garantizan la soberanía de cada Estado sobre su territorio.
Las repercusiones no tardaron en sentirse en el sector aeronáutico. Tras la advertencia estadounidense, seis aerolíneas que conectaban regularmente Venezuela con otros países suspendieron sus vuelos hacia y desde Caracas. Como respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó sus permisos de operación y acusó a las compañías de plegarse a una política de “terrorismo de Estado” impulsada por Washington.
El conflicto también impacta en el programa “Vuelta a la Patria”, que facilita la repatriación de venezolanos en el exterior. Maduro denunció que Estados Unidos bloqueó unilateralmente los vuelos destinados a ese fin, interrumpiendo un esquema que, según datos oficiales, ya había permitido el retorno de casi 14.000 personas.
Mientras tanto, la actividad militar norteamericana en las cercanías de Venezuela se intensifica. En los últimos días, se registraron vuelos de aviones de combate a pocos kilómetros de la costa, y países vecinos como República Dominicana autorizaron el uso de instalaciones aeroportuarias por parte de fuerzas estadounidenses. Trinidad y Tobago, por su parte, fue sede reciente de ejercicios del Cuerpo de Marines.
Trump incluso adelantó que los esfuerzos “por tierra” para frenar el narcotráfico venezolano podrían comenzar “muy pronto”, un mensaje que elevó aún más la preocupación de Caracas y de observadores internacionales.
Frente a este escenario, Venezuela convocó a la comunidad internacional y a la ONU a rechazar lo que considera un “acto de agresión inmoral” que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región. El gobierno chavista asegura que responderá con “dignidad, legalidad y fuerza”, reafirmando que seguirá ejerciendo control pleno sobre su espacio aéreo.
El cruce entre ambas naciones vuelve a dejar a América Latina en medio de una tensión geopolítica que amenaza con escalar. Mientras Washington sostiene su ofensiva y Caracas ratifica su postura soberanista, el conflicto abre un panorama incierto con impacto directo en la aviación, la seguridad regional y las relaciones diplomáticas en el continente.
