En una sesión cargada de emociones y posturas encontradas, Uruguay avanzó firme hacia la legalización de la eutanasia. Con 64 votos afirmativos frente a 29 negativos, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece un marco jurídico claro para permitir el acceso a la muerte asistida en determinadas circunstancias. El paso final depende ahora del Senado, que deberá definir si la norma entra o no en vigencia antes de fin de año.
La iniciativa, que lleva años gestándose en el Parlamento uruguayo, contempla la posibilidad de que una persona mayor de edad, lúcida y con diagnóstico médico de enfermedad terminal o sufrimiento físico o psíquico insoportable, pueda solicitar asistencia para morir. El procedimiento estará disponible únicamente para ciudadanos uruguayos o residentes acreditados, y deberá contar con el aval de al menos dos profesionales de la salud.
Este avance legislativo convierte a Uruguay en un país de referencia en la región, al igual que Colombia y Ecuador, donde ya existen mecanismos legales —aunque con distintos alcances— que permiten la eutanasia o el suicidio asistido. En un contexto en el que la autonomía personal, el dolor evitable y la dignidad en el proceso de morir se vuelven temas cada vez más discutidos, la medida tomada por el Parlamento uruguayo promete resonar más allá de sus fronteras.
El texto avalado en Diputados no sólo habilita la eutanasia, sino que también establece garantías para que el procedimiento se realice en un marco de respeto, seguridad médica y contención. Se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios y el acompañamiento a los familiares, así como también el derecho de los médicos a negarse a participar por objeción de conciencia, siempre que deriven al paciente con otro profesional dispuesto a colaborar.
En ningún caso el proceso podrá iniciarse sin una evaluación exhaustiva del estado clínico del paciente, y la voluntad del solicitante deberá expresarse de forma libre, informada y reiterada. La intención del legislador es que la ley no se preste a abusos, sino que funcione como una herramienta para quienes enfrentan escenarios de dolor irreversible y desean ejercer su derecho a una muerte digna.
Este tipo de regulación ya venía siendo demandada por distintos sectores de la sociedad uruguaya, en especial por organizaciones vinculadas a los derechos humanos y colectivos que acompañan a personas con enfermedades graves. Si bien existía una norma que permitía rechazar tratamientos médicos para prolongar la vida, no había hasta ahora un reconocimiento explícito del derecho a solicitar ayuda médica para morir.
Aunque la noticia se originó en Montevideo, el impacto no se limita a Uruguay. La decisión tomada por sus legisladores reavivó el debate en otros países de América Latina, entre ellos Argentina, donde la discusión sobre la eutanasia todavía está en una etapa incipiente y con fuerte carga moral, ética y religiosa.
En este sentido, lo ocurrido en Uruguay podría empujar el debate hacia los parlamentos provinciales y nacionales, abriendo la posibilidad de discutir con mayor seriedad y responsabilidad qué lugar ocupa la libertad individual cuando el sufrimiento se vuelve insoportable y la medicina ya no tiene herramientas para curar
Lo que plantea Uruguay no es una respuesta fácil, sino una invitación a mirar de frente una realidad que, tarde o temprano, nos atraviesa a todos: la muerte. Pero no cualquier muerte, sino una que ocurre en contextos donde el dolor y la impotencia se vuelven protagonistas. La eutanasia, en este sentido, no es sólo una herramienta médica, sino un debate sobre la empatía, la autonomía y los límites del cuidado.
El paso dado por Uruguay marca un antes y un después. Mientras el Senado uruguayo se prepara para votar y probablemente aprobar la norma, el resto del continente observa. En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados pero la muerte sigue siendo parte inevitable de la vida, pensar en cómo queremos morir es tan urgente como pensar en cómo queremos vivir.
En este contexto, no sería extraño que en los próximos meses se presenten iniciativas similares en otros países del Cono Sur. En Argentina, ya existen proyectos que promueven la legalización de la eutanasia, pero hasta ahora no han logrado traspasar el umbral del debate parlamentario. Quizás con el impulso regional, y con el ejemplo cercano de Uruguay, la conversación adquiera un nuevo peso.
La experiencia uruguaya demuestra que es posible abordar el tema con seriedad, sin caer en simplificaciones ni dogmatismos. En definitiva, se trata de garantizar derechos sin imponer verdades absolutas. Porque así como nadie está obligado a morir asistido, tampoco debería estarlo a vivir en condiciones que percibe como inhumanas.
