El juicio contra la Argentina e YPF tuvo una novedad importante en las últimas horas. El Petersen, a través del estudio jurídico Burford, y el fondo Eton Park insistieron en la Justicia de Nueva York para que importantes funcionarios del Gobierno, entre ellos Luis Caputo y Pablo Quirno, entreguen sus teléfonos para investigar si hay pruebas relevantes sobre un presunto “alter ego” entre el Estado y las empresas estatales.
Los demandantes sostienen que funcionarios argentinos utilizan chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y ENARSA, empresa estatal encargada de la compra de gas natural licuado (GNL). Por eso solicitaron los celulares para acceder a esas conversaciones por chats y por mails. Hasta ahora, según los demandantes, los funcionarios entregaron "sólo 200 páginas".
La causa fue iniciada por Petersen y el fondo Eton Park. Luego, el estudio Burford le compro el derecho de litigar en EEUU al síndico español que maneja la quiebra de Petersen. Cuando Burford llegue a un acuerdo con Argentina, tendrá que avalar ese acuerdo.
La postura de la defensa
La defensa del Estado argentino afirma que está a derecho y siempre han "sido muy colaborativos" y han hecho todo lo posible para obtener el consentimiento de 36 funcionarios y exfuncionarios, pero siempre dentro de lo que la ley les permite. "Se les va acabando el tiempo y están un poco nerviosos", especulan altas fuentes con acceso a la causa.
"Hemos sido muy colaborativos, siempre dentro de lo que la ley nos permite porque esos dispositivos no están en nuestro control, porque son propiedad privada de cada una de esas personas", se defienden desde el Estado argentino.
YPF: cómo continúa el litigio en Estados Unidos
La primer fecha límite será el próximo 12 de diciembre. Ese viernes será el límite para que la defensa Argentina presente sus argumentos en la apelación sobre la entrega de las acciones de YPF.
La próxima audiencia de seguimiento será el 29 de enero. La defensa argentina reitera que seguirá trabajando en ese marco para seguir cooperando, esperando la sentencia de fondo, y apelando a la razonabilidad del tribunal en entender que están amparados bajo la Constitución nacional.
