La Justicia federal dio un nuevo paso en una causa que promete tener impacto político y mediático en todo el país. El fiscal Ramiro González solicitó que el ex presidente Alberto Fernández sea juzgado en un juicio oral y público por hechos de violencia de género contra su ex pareja, la actriz y periodista Fabiola Yáñez. La acusación incluye lesiones físicas y amenazas coactivas que habrían ocurrido mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Olivos, durante el mandato del ex mandatario.
El pedido fue formalizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien ya había procesado a Fernández en abril de este año. Ahora, tras el dictamen del Ministerio Público, el expediente podría ser elevado a juicio en los próximos meses. La defensa del ex jefe de Estado, encabezada por la abogada Silvina Carreira, tiene seis días hábiles con posibilidad de prórroga, para responder antes de que el juez tome una decisión definitiva.
De confirmarse la elevación, se sorteará un Tribunal Oral Federal que quedará a cargo del proceso judicial. En caso de ser hallado culpable, Fernández podría enfrentar penas que, según el Código Penal, alcanzan hasta los 18 años de prisión por los delitos que se le imputan: lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, sumado a amenazas.
El origen de la investigación se remonta a mediados del año pasado, en el marco de otra causa en la que Fernández ya estaba siendo investigado por presunta corrupción vinculada a contratos de seguros firmados durante su gobierno. Fue en ese expediente donde, tras el análisis del celular de María Cantero, aparecieron mensajes entre Cantero y Yáñez que encendieron las alarmas.
En esas conversaciones, Yáñez relataba episodios de agresión física sufridos en la Quinta de Olivos, e incluso enviaba imágenes que mostraban hematomas en el cuerpo. Aunque en un primer momento la ex primera dama decidió no radicar una denuncia formal, con el paso del tiempo y la exposición pública del caso, optó por dar curso a la vía judicial.
Desde entonces, la investigación avanzó rápidamente. Declararon familiares de Yáñez, personal médico, trabajadores de la residencia presidencial y otros testigos que ayudaron a reconstruir los hechos. El juez Ercolini consideró acreditado que el ex mandatario ejerció violencia física en al menos dos oportunidades, causándole lesiones visibles, además de ejercer presión psicológica para evitar que la situación se hiciera pública.
El caso, que ya venía generando revuelo en los pasillos del poder porteño, ahora podría convertirse en un hecho sin precedentes: nunca antes un ex presidente argentino fue juzgado por violencia de género en democracia. La gravedad de los hechos denunciados, sumado a la jerarquía institucional del acusado, convierten a esta causa en un verdadero parteaguas para la política argentina.
La Cámara Federal respaldó la resolución del juez de primera instancia y ratificó el procesamiento, al señalar que existían pruebas sólidas que indicaban un patrón de violencia física, psicológica y simbólica por parte del ex presidente hacia su entonces pareja. También mencionaron la situación de aislamiento que habría vivido Yáñez en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, un entorno controlado por Fernández, quien ostentaba el poder máximo del país.
Según el dictamen de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, esta dinámica de sometimiento tuvo un impacto claro en la salud física y emocional de la denunciante. La decisión de confirmar el procesamiento fue interpretada como un respaldo contundente a la línea investigativa de la fiscalía y un paso clave hacia la apertura del juicio oral.
Mientras el juez Ercolini espera la respuesta de la defensa de Fernández, todo indica que la causa se encamina hacia un juicio oral que podría comenzar en 2026, aunque los tiempos de la Justicia federal suelen ser impredecibles. La eventual conformación del tribunal y la preparación del proceso podrían demorar varios meses.
Fernández, por su parte, mantiene un perfil bajo desde que dejó el poder. Ha evitado hacer declaraciones públicas sobre esta causa y se espera que continúe su estrategia de defensa sin exponerse en medios de comunicación. Su entorno, sin embargo, sostiene que las acusaciones forman parte de una “maniobra política” para desacreditar su figura, aunque esas afirmaciones no han sido acompañadas de pruebas concretas en el expediente judicial.
Fabiola Yáñez, en cambio, ha optado por guardar silencio desde que inició el proceso. Su abogado ha evitado hacer comentarios fuera del marco judicial, aunque desde su entorno trascendió que la decisión de denunciar fue “dolorosa pero necesaria”, y que espera que el juicio sirva para visibilizar situaciones de violencia que muchas mujeres aún sufren en silencio.
Este pedido de juicio oral a un ex presidente argentino por violencia de género no solo tiene implicancias judiciales y políticas, sino también sociales y culturales. En un país donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática extendida, el hecho de que la Justicia avance contra figuras de alto poder simbólico podría marcar un antes y un después.
