La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que una investigación interna detectara presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos y elementos de asistencia para personas con discapacidad. El relevamiento, impulsado desde el Ministerio de Salud, encontró diferencias de hasta el 4.239% entre los valores abonados por el Estado y los precios de referencia del mercado.
Entre los productos observados aparecen sillas de ruedas, prótesis, andadores y distintos dispositivos médicos adquiridos a través del programa de Prestaciones de Alto Costo, destinado a financiar equipamiento esencial para mejorar la calidad de vida de pacientes con discapacidad.
Según surge del análisis oficial, varias compras habrían sido realizadas con valores muy por encima de los precios habituales. En algunos casos, las diferencias detectadas superaron ampliamente el 2.000%, especialmente en el rubro de movilidad asistida. La situación encendió alarmas dentro del Gobierno nacional, que ya puso el foco en los mecanismos de contratación utilizados durante la gestión del organismo.
La causa también comenzó a avanzar en la Justicia federal, donde se investiga la posible existencia de un circuito paralelo de contrataciones que habría favorecido a un grupo reducido de empresas proveedoras. La sospecha apunta a adjudicaciones reiteradas con montos considerados excesivos y sin controles suficientes sobre los costos reales de los productos adquiridos.
Dentro de los expedientes analizados aparecen distintas firmas vinculadas al rubro ortopédico y farmacéutico que habrían concentrado contrataciones millonarias. Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras de sobre facturación, direccionamiento de compras o irregularidades administrativas en los procesos de adquisición.
Uno de los puntos que más preocupa es el impacto directo sobre un área especialmente sensible. Los fondos observados estaban destinados a garantizar prestaciones para personas con discapacidad, un sector que depende de este tipo de asistencia médica para acceder a tratamientos, movilidad y mejores condiciones de vida.
El caso tomó mayor relevancia por el contexto de ajuste y control del gasto público que atraviesa el Gobierno nacional. En ese escenario, las compras realizadas por la ANDIS quedaron bajo revisión y podrían derivar en nuevas auditorías sobre programas vinculados a salud y asistencia social.
Mientras avanza la investigación judicial, también crece la presión política sobre las autoridades responsables del organismo. Las miradas apuntan a la conducción de la agencia y a los funcionarios que participaron en las autorizaciones de las contrataciones cuestionadas.
Desde el Ejecutivo ya anticiparon que buscarán reforzar los controles en las compras de insumos médicos y transparentar los mecanismos de contratación para evitar nuevas irregularidades. La intención oficial es avanzar con auditorías más estrictas y sistemas de verificación de precios de mercado antes de aprobar adquisiciones millonarias.
El escándalo volvió a poner en debate el manejo de los recursos públicos destinados al sistema de discapacidad y abrió interrogantes sobre el destino de partidas clave para miles de beneficiarios en todo el país. Por ahora, la investigación sigue sumando documentación y no se descarta que en las próximas semanas aparezcan nuevas revelaciones vinculadas al denominado “Caso ANDIS”.
