El juez federal Ariel Lijo avanzó en una serie de medidas de prueba dentro de una investigación que apunta a esclarecer posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a una consultora privada. En ese marco, se requirió a distintas empresas que presenten facturas, órdenes de compra y toda documentación comercial relacionada con la firma +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
La causa se encuentra en etapa de recolección de información y se desarrolla de manera paralela a otras actuaciones judiciales que buscan determinar si existieron maniobras que pudieran encuadrarse en presuntos hechos de enriquecimiento ilícito o direccionamiento de contratos. El eje central está puesto en establecer si hubo vínculos comerciales que derivaron en beneficios económicos indebidos a partir de relaciones con el Estado.
Entre las compañías requeridas figuran Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group, todas con distintos niveles de interacción con organismos públicos o empresas estatales. La Justicia solicitó que cada una de ellas detalle con precisión los servicios contratados, los montos abonados y las condiciones en las que se habrían llevado adelante esas operaciones comerciales.
Uno de los puntos bajo análisis es el rol del Grupo Datco, una firma del sector tecnológico que presta servicios a diversas dependencias estatales. Su actividad incluye provisión de infraestructura y soluciones digitales para organismos que dependen de la administración pública nacional, lo que abre la posibilidad de entrecruzar contratos y determinar si existió alguna intermediación o relación indirecta con la consultora investigada.
También se puso la lupa sobre National Shipping S.A., empresa del sector naviero vinculada al transporte de hidrocarburos y con participación en la cadena logística de compañías estatales del área energética. La investigación busca establecer si existieron vínculos contractuales que puedan tener relevancia dentro del expediente, especialmente por la magnitud de las operaciones del sector.
En paralelo, Foggia Group aparece mencionada por su participación en la organización de eventos y actividades de gran visibilidad pública, además de su relación con espacios vinculados a la gestión estatal. Su inclusión en el requerimiento judicial responde a la necesidad de trazar un mapa completo de interacciones comerciales que puedan aportar elementos a la causa.
El expediente se inició a partir de una denuncia legislativa que planteó la existencia de posibles incompatibilidades y un esquema de relaciones comerciales que podría haber derivado en beneficios indebidos. A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a analizar el circuito de contrataciones y los vínculos entre actores privados y organismos públicos.
En esta etapa, los investigadores buscan determinar si hubo un patrón sistemático de contratación o si se trató de relaciones comerciales habituales dentro del funcionamiento del Estado. La documentación solicitada será clave para establecer si existieron irregularidades administrativas, sobreprecios o intermediaciones injustificadas.
El avance de la causa se mantiene bajo estricta reserva, mientras se espera la respuesta de las empresas involucradas. Con esa información, el juzgado podrá definir los próximos pasos procesales y eventualmente ampliar la investigación hacia otras firmas o funcionarios que pudieran estar vinculados.
