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Cruce político y polémica

Arrancó el debate de la reforma laboral en el Senado con fuertes cruces y amenaza de judicialización

El tratamiento de la iniciativa del Gobierno nacional comenzó en medio de impugnaciones del peronismo, acusaciones de irregularidades y un clima de máxima tensión.

Arrancó el debate de la reforma laboral en el Senado con fuertes cruces y amenaza de judicialización

El Senado de la Nación puso en marcha el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional en un contexto marcado por el conflicto político y la confrontación abierta entre el oficialismo y el peronismo. Lejos de un inicio ordenado, la discusión quedó envuelta desde el primer momento en impugnaciones al procedimiento, cruces verbales y el anuncio de la oposición de no participar en las comisiones y llevar el tema a la Justicia.

La polémica se desató a partir de la conformación de las comisiones encargadas de analizar el proyecto, en especial la de Trabajo y Previsión Social. Desde el bloque peronista denunciaron que la integración se realizó de manera irregular, sin respetar el reglamento interno del Senado ni los pasos formales que exige la Constitución Nacional. Según plantearon, el proceso carece de legitimidad y vicia de nulidad todo el tratamiento posterior de la reforma.

El senador José Mayans fue una de las voces más duras al abrir el debate. Sostuvo que el proyecto “nace torcido” y advirtió que, de avanzar bajo estas condiciones, el conflicto se trasladará inevitablemente al ámbito judicial. En su exposición, remarcó que no se convocó a una sesión formal para definir la integración de las comisiones y señaló que existían mecanismos reglamentarios para evitar el choque político, pero que fueron desoídos por la conducción del Senado.

La postura fue acompañada por otros integrantes del bloque peronista, que ratificaron la decisión de no convalidar lo que consideran una vulneración “arbitraria” del reglamento y de la Constitución. En ese marco, adelantaron que no participarán de las reuniones de comisión y que impulsarán acciones judiciales para frenar el tratamiento de la ley.

Desde el oficialismo, la respuesta fue avanzar con el cronograma previsto. La senadora Patricia Bullrich desestimó las objeciones, defendió la legalidad del procedimiento y pidió continuar con el orden del día. Tras ser designada presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, convocó al inicio del debate de la reforma laboral, pese a las protestas de la oposición.

El clima de tensión fue en aumento durante la reunión. Hubo gestos, quejas a viva voz y gritos fuera de micrófono que reflejaron el nivel de confrontación política en la Cámara alta. Aun así, el oficialismo dio por constituida la comisión y fijó fecha para el comienzo del análisis del proyecto, profundizando el malestar del peronismo.

Más allá del intercambio verbal, el trasfondo del conflicto es una reforma laboral que apunta a modificar aspectos centrales del régimen de trabajo vigente. La iniciativa genera posiciones encontradas y promete un debate intenso, tanto en el Congreso como fuera de él, con sindicatos y sectores empresariales atentos al rumbo de la discusión.

El escenario que se abre en el Senado es de alta conflictividad. La falta de consenso entre los principales bloques anticipa un tratamiento complejo, con negociaciones difíciles y un desenlace incierto. A esto se suma la amenaza concreta de judicialización, que podría demorar o incluso frenar la aplicación de la ley, aun si lograra avanzar en el recinto.

Con un inicio marcado por la polémica, la reforma laboral comienza su recorrido parlamentario envuelta en tensión política, acusaciones cruzadas y un clima que dista mucho de la calma. El debate recién empieza y todo indica que será uno de los ejes más conflictivos de la agenda legislativa en los próximos meses.


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