La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encendió las alarmas en todo el país. En un contundente pronunciamiento, la organización reclamó a los gobernadores que actúen con urgencia y compromiso para garantizar el quórum necesario en Diputados, con el objetivo de rechazar el veto presidencial a tres leyes fundamentales: el aumento a las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, no escatimó en críticas. “Los gobernadores deben mostrar empatía con quienes están sufriendo. Si no, que nos digan si alguien puede vivir con $350.000 de jubilación. Es una miseria”, lanzó.
A principios de julio, el presidente Javier Milei vetó tres leyes que habían sido aprobadas por el Congreso. Estas normas implicaban:
- Un aumento de haberes jubilatorios por encima del ajuste por inflación.
- La reinstauración de la moratoria previsional, que permite jubilarse a quienes no completaron los aportes necesarios.
- La declaración de emergencia en discapacidad, destinada a mejorar el acceso a salud, transporte y asistencia para miles de personas.
Según ATE, estas medidas eran esenciales para sectores postergados por décadas. El gremio sostiene que el veto presidencial profundiza la desigualdad y deja sin protección a millones de argentinos.
El mensaje de ATE no fue solo contra el Gobierno Nacional. La organización sindical apuntó de lleno contra los gobernadores de las provincias, quienes tienen poder de influencia sobre los diputados de sus espacios políticos.
Aguiar fue claro: “Tienen la oportunidad de comenzar a revertir la crisis de representación. Pero deben dejar de lado las posturas ambiguas y las especulaciones”.
La tensión crece porque, sin el apoyo de los bloques provinciales, la Cámara de Diputados no podrá alcanzar el quórum necesario para tratar el rechazo al veto. Es decir, el futuro de miles de jubilados y personas con discapacidad podría definirse por una ausencia en el recinto.
En un tono que combinó reclamo y advertencia, Aguiar recordó a los gobernadores cuál es, a su juicio, el rol de la política: “Mejorar las condiciones de vida de la gente, no deteriorarlas”. Y fue más allá: “Fueron votados para defender el federalismo y no ceder ante las extorsiones del Gobierno central”.
Las declaraciones del dirigente sindical resuenan fuerte en medio de un clima de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias. Mientras Milei insiste con una política de ajuste fiscal sin precedentes, los sectores sociales más golpeados claman por medidas que alivien la crisis.
Actualmente, la jubilación mínima ronda los $350.000. Desde ATE denuncian que esa cifra no alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica de un adulto mayor. “Es una jubilación de hambre”, subrayó Aguiar.
El contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo han hecho que miles de jubilados dependan de bonos o ayudas extraordinarias para llegar a fin de mes. Con el veto de Milei, esas ayudas se alejan aún más.
El reclamo no es aislado. Diversas organizaciones de jubilados y sectores de la oposición política también exigen que se revierta la decisión presidencial, argumentando que se trata de una cuestión humanitaria antes que económica.
Otra de las leyes vetadas por el Ejecutivo declaraba la emergencia en discapacidad. Esto implicaba aumentar los recursos destinados a garantizar derechos básicos: tratamientos, asistencia, movilidad, educación inclusiva.
Para ATE, la decisión de vetarla es “cruel” y “desconectada de la realidad”. Muchos argentinos con discapacidad enfrentan trabas permanentes para acceder a prestaciones básicas. “Se están muriendo”, reiteró Aguiar, en un llamado desesperado a la acción política.
En las próximas semanas, el Congreso deberá definir si ratifica el veto presidencial o si, con una mayoría especial, logra dejarlo sin efecto. La mirada está puesta en las provincias y en sus legisladores.
