En un fallo que conmociona a Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, dictó prisión preventiva para siete de los ocho imputados en la investigación por trata de personas que operaba alrededor de un colegio en la zona sur de la capital provincial. La gravedad del caso radica en la asociación ilícita confirmada contra cinco de ellos, incluyendo un remisero como cabecilla y dos empresarios, con nuevos detenidos como un militar que agravan el entramado delictivo.
La red, que explotaba sexualmente a alumnas de entre 12 y 17 años, funcionaba con un sistema de captación, traslados clandestinos y amenazas mediante videos y fotos. El juez amplió las imputaciones tras incorporar pruebas clave, como audios del remisero donde ofrece menores a clientes adultos, diciendo frases como "tengo una chica de 16 años" o "somos cinco" para coordinar encuentros. Estos elementos, presentados en audiencia, subrayan el riesgo de entorpecimiento de la causa, como advirtió la fiscalía.
Las víctimas, estudiantes de un establecimiento educativo en el sur salteño, eran trasladadas en un Volkswagen Voyage blanco, a veces escondidas en el baúl o bajo los asientos para evadir miradas de vecinos y controles. Los abusos ocurrían en moteles a lo largo de la ruta nacional 26, rumbo a La Isla, e incluían tríos, orgías y fiestas privadas, dejando secuelas psicológicas y físicas irreversibles en las jóvenes, según peritajes forenses.
El origen de la denuncia data de junio de 2024, cuando una madre descubrió mensajes explícitos del remisero en el teléfono de su hija, desatando una pesquisa que expuso la articulación alrededor del colegio. El remisero, conocido en la zona por su rol de nexo, contactaba a las adolescentes, organizaba los traslados y cobraba en efectivo o transferencias, ofreciendo hasta 200 mil pesos por alumnas vírgenes, un detalle que horroriza a la comunidad salteña.
Las primeras detenciones se produjeron en septiembre, con el arresto del remisero, los dos empresarios, un hombre de Campo Quijano y un estudiante de 16 años del mismo colegio, quien fue liberado al sospecharse que fue manipulado por los adultos para delatar compañeras. Recientemente, el viernes se sumó un militar, y el lunes tres personas más, dos de las cuales admitieron participación parcial pero negaron conocer la edad de las víctimas, elevando a nueve los implicados y ocho los formalmente imputados.
En allanamientos de la PSA se incautaron celulares, dispositivos con material audiovisual, drogas como marihuana y pastillas estimulantes, además de juguetes eróticos y documentación que apunta a una estructura delictiva establecida durante meses. No se descarta imputar a uno de los empresarios por proveer estupefacientes a las menores, mientras avanzan pericias bancarias y sobre teléfonos para rastrear flujos de dinero.
Este caso de trata en Salta, con su foco en la vulnerabilidad de alumnas de la zona sur, pone en jaque la seguridad educativa y exige respuestas urgentes de las autoridades provinciales. La prisión domiciliaria concedida a un imputado de Campo Quijano contrasta con la detención efectiva de los demás, en un contexto donde la fiscalía busca desmantelar por completo esta red que mancha el nombre de la provincia.
