La Argentina registró en 2024 un aumento en la tasa de mortalidad infantil, un dato que encendió alertas en el sistema de salud y marcó un quiebre en una tendencia descendente que se sostenía desde comienzos de siglo. En total, murieron 3.513 bebés menores de un año, lo que elevó el índice nacional a 8,5 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos, frente a los 8 puntos registrados el año anterior.
El incremento de 0,5 puntos representa el primer retroceso significativo desde 2002 y vuelve a poner en discusión las condiciones de acceso a la salud materno-infantil, especialmente en las provincias con mayores niveles de vulnerabilidad social. La brecha territorial es uno de los datos más contundentes del informe oficial: mientras algunas jurisdicciones mantienen tasas similares a las de países desarrollados, otras triplican esos valores.
Entre las provincias más afectadas aparece Corrientes, que encabeza el ranking con una tasa de 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos. Le siguen Chaco, con 11,8, y La Rioja, con 11,7. También se ubican por encima del promedio nacional Formosa y Santiago del Estero, ambas con 10,7. Los números reflejan un escenario desigual que se repite año tras año y que vuelve a profundizarse en contextos de crisis económica.
En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que presenta la tasa más baja del país, con 4,9 fallecimientos por cada 1.000 nacimientos. El contraste entre distritos vuelve a evidenciar la incidencia de factores estructurales como el acceso temprano a controles médicos, la calidad del sistema sanitario, la nutrición, el nivel educativo y las condiciones de vida de las familias.
En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de muertes infantiles, con 1.236 casos, una cifra vinculada también a su volumen poblacional. Detrás se ubicaron Santa Fe, con 275 fallecimientos, y Córdoba, con 231. Aunque los números totales no siempre reflejan la gravedad relativa del problema, permiten dimensionar el impacto a escala nacional.
El dato resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que la mortalidad infantil venía mostrando una tendencia sostenida a la baja desde el año 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos. A lo largo de más de dos décadas, las políticas de salud pública, la ampliación de la cobertura sanitaria y los programas de atención primaria lograron reducir el índice a casi la mitad.
Sin embargo, el informe oficial marca que hubo algunos años puntuales en los que esa tendencia se interrumpió. Los incrementos previos se registraron entre 2001 y 2002, entre 2006 y 2007, entre 2021 y 2022 y, nuevamente, entre 2023 y 2024. La repetición de subas en períodos recientes refuerza la preocupación sobre el impacto de las crisis económicas y sociales en los indicadores de salud más sensibles.
La tasa de mortalidad infantil es uno de los principales termómetros del desarrollo humano de un país. Mide la cantidad de niños que mueren antes de cumplir los doce meses de vida por cada 1.000 nacimientos registrados en un año y en una región determinada. Su evolución está estrechamente vinculada al acceso a controles prenatales, a la atención durante el parto, a la vacunación, a la alimentación y al seguimiento médico durante el primer año de vida.
Especialistas en salud pública suelen señalar que la mayoría de estas muertes son evitables con políticas sostenidas de prevención, inversión en infraestructura sanitaria y acompañamiento integral a las personas gestantes y a los recién nacidos. Por eso, cada variación en la tasa no solo refleja un dato estadístico, sino también el estado general del sistema de salud y de las condiciones sociales.
El aumento registrado en 2024 reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los programas de atención primaria, reducir las desigualdades regionales y garantizar que los avances logrados en décadas anteriores no se pierdan. En un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones económicas, los indicadores de mortalidad infantil vuelven a mostrar que las infancias son uno de los sectores más expuestos cuando el entramado social se debilita.
