La causa judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva tras el levantamiento del secreto de sumario. La medida, ordenada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, permite a imputados y defensores acceder a pruebas que podrían resultar determinantes: audios, peritajes técnicos, registros de ingresos a barrios privados y documentos incautados en allanamientos.
El expediente, iniciado por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, gira en torno a sospechas de negociados con fondos del programa Incluir Salud. Se investiga una posible red de sobreprecios y retornos en la compra de medicamentos, con la participación de altos funcionarios del Gobierno nacional y vínculos directos con la droguería Suizo Argentina.
Entre los principales apuntados figuran Karina Milei, hermana del presidente, y Eduardo “Lule” Menem, operador político de confianza del oficialismo. Ambos aparecen mencionados en audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, donde se describe el supuesto reparto de coimas vinculadas a licitaciones amañadas.
Esos audios, que fueron filtrados públicamente el 22 de agosto, impulsaron el avance del expediente. Actualmente están siendo peritados para confirmar su autenticidad y detectar posibles manipulaciones. Según fuentes judiciales, también se están cruzando registros de entradas y salidas en countries donde residen algunos de los implicados, en busca de confirmar reuniones que podrían probar la coordinación de las maniobras investigadas.
En paralelo, los allanamientos en domicilios particulares y oficinas de Suizo Argentina permitieron secuestrar computadoras, celulares, facturación y dinero en efectivo. Todo ese material ya está siendo analizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que intenta reconstruir el circuito de compras del programa Incluir Salud y determinar si hubo irregularidades sistemáticas.
La posibilidad de que recursos públicos hayan sido desviados a bolsillos privados despierta indignación, en un contexto económico cada vez más complejo.
Desde distintos sectores de la sociedad salteña se reclamó que la Justicia avance sin presiones y que, si se comprueba el desvío de fondos, se castigue con firmeza a los responsables. “No puede haber lugar para la impunidad, mucho menos cuando está en juego la salud de personas con discapacidad”, expresaron referentes de organizaciones sociales locales.
Con el secreto de sumario levantado, se espera que en los próximos días se aceleren las presentaciones judiciales por parte de las defensas, así como nuevas medidas probatorias. La causa podría derivar en imputaciones más formales o incluso procesamientos, si se confirman los indicios reunidos hasta ahora.
Mientras tanto, el escándalo golpea de lleno al núcleo más cercano del poder. Si bien el Gobierno evitó pronunciarse públicamente, puertas adentro el tema preocupa: las acusaciones tocan a figuras claves de la mesa chica presidencial, y una eventual imputación podría provocar un terremoto político.
