La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia que se allane a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, a quienes señala como posibles responsables de difundir audios grabados ilegalmente dentro de la Casa Rosada. Se trata de conversaciones privadas de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, que fueron filtradas y viralizadas en redes sociales en plena campaña electoral.
Desde el Gobierno Nacional sostienen que no se trató de una simple filtración, sino de una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al Ejecutivo. Según detallaron desde la Casa Rosada, los audios habrían sido editados para provocar un daño político deliberado en un momento clave del calendario electoral, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia Federal ya había ordenado previamente el cese inmediato en la difusión de los audios, al considerar que se vulneró gravemente la privacidad institucional. En ese marco, el pedido de Bullrich busca avanzar sobre los presuntos responsables de la maniobra.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo presentó una denuncia formal y calificó el hecho como “un ataque planificado y dirigido”. A través de su cuenta en la red social X, Adorni advirtió que “es la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada” y remarcó que la difusión de los audios “responde a una operación organizada para condicionar al Gobierno”.
Aunque no se conocen aún detalles del expediente judicial, fuentes oficiales señalan que los archivos habrían sido captados dentro de áreas sensibles del Ejecutivo, lo que genera preocupación por el nivel de vulnerabilidad interna. La investigación también buscará determinar si hubo participación de personal administrativo o de seguridad en la grabación clandestina.
Tanto Jorge Rial como Mauro Federico han sido críticos del oficialismo desde distintos espacios periodísticos y, por el momento, no se expresaron públicamente sobre el pedido de allanamiento. De avanzar la Justicia, se abriría un conflicto de alto voltaje entre el Gobierno y el sector de los medios opositores.
La sospecha de espionaje dentro del corazón del poder nacional renueva los debates sobre los límites entre libertad de expresión y el respeto a la institucionalidad. La provincia, ajena a estos episodios en los últimos años, observa con atención cómo se desarrolla el caso.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa reforzar los protocolos de seguridad interna en Casa Rosada, incluyendo mayores controles sobre dispositivos electrónicos y comunicaciones privadas. El escándalo, lejos de apagarse, promete sumar capítulos y tensar aún más el clima político nacional.
