La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había dispuesto el traslado de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en unos 17 millones de dólares y vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente deberá volver a ser analizado para definir qué fuero judicial resulta competente para continuar con la causa, en un nuevo capítulo de una disputa que ya lleva varios cambios de jurisdicción.
Por mayoría, la sala I del tribunal hizo lugar a un planteo de la fiscalía y dejó sin efecto lo resuelto previamente por la Cámara Federal de San Martín, que había enviado el caso al juzgado federal de Campana. Con esta decisión, ahora será la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que deberá resolver definitivamente dónde debe tramitar la investigación.
Mientras tanto, el juez federal de Campana continuará de manera provisoria al frente del expediente hasta que exista una definición superior. Sin embargo, el futuro de la causa vuelve a quedar abierto y no se descarta que regrese al fuero penal económico porteño, donde ya había estado radicada antes de su traslado.
La investigación se centra en la adquisición de una lujosa propiedad en Villa Rosa, con características de alto valor como helipuerto, caballerizas y una colección de autos hallada durante un allanamiento. La hipótesis judicial apunta a determinar si la sociedad involucrada habría actuado como pantalla para ocultar la verdadera titularidad del inmueble, presuntamente ligada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
En el expediente aparecen mencionados nombres vinculados a la conducción de la entidad, entre ellos su presidente y el tesorero, en el marco de una pesquisa que también analiza posibles maniobras de evasión y administración irregular. La causa ya pasó por distintos tribunales y jueces, lo que generó una fuerte discusión sobre la competencia territorial y material del caso.
La decisión de Casación se apoyó en el criterio de que la controversia debía ser resuelta dentro del ámbito del fuero penal económico, ya que allí había intervenido el último juzgado antes del conflicto. En ese sentido, se cuestionó la intervención de la Cámara Federal de San Martín para definir el destino del expediente.
En minoría, uno de los jueces del tribunal planteó que el recurso de la fiscalía no debía ser admitido por no tratarse de una sentencia definitiva. También advirtió sobre los efectos dilatorios que generan este tipo de discusiones de competencia, aunque coincidió en que la resolución final debía adoptarse con rapidez.
El punto central del conflicto sigue siendo qué cámara debe resolver la inhibitoria planteada en su momento para desplazar el expediente hacia Campana. La definición será clave, ya que podría devolver la causa al juzgado penal económico o consolidar su permanencia en el fuero federal del norte bonaerense.
Por ahora, la investigación continúa sin una dirección judicial firme, en medio de una disputa de competencias que retrasa el avance del expediente y mantiene abierta la discusión sobre el verdadero alcance de la causa.
