La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá devolver $684 mil millones por su condena en la causa Vialidad, vinculada a maniobras de corrupción con fondos públicos destinados a la obra pública durante su gestión como presidenta. El monto, actualizado con el índice de precios al consumidor (IPC), representa un decomiso histórico en la Justicia argentina.
El fallo fue dictado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y ratifica lo resuelto previamente por el Tribunal Oral Federal N° 2. La cifra corresponde al perjuicio económico ocasionado al Estado, y el uso del IPC busca mantener su valor real frente a la inflación.
La defensa de la exmandataria había planteado que el cálculo era desproporcionado y técnicamente incorrecto. Según sus propios peritos, la suma no debería superar los $42.000 millones si se aplicara la tasa pasiva promedio del Banco Central. También cuestionó que no hubo debate previo sobre el método utilizado y advirtió que la medida afecta su derecho de defensa y el principio de juez natural.
Además, Cristina Kirchner aseguró que no tiene bienes que puedan ser ejecutados para cubrir ese monto. Insistió en que ni su patrimonio ni sus ingresos se beneficiaron de los hechos investigados, y que no existen pruebas que la vinculen directamente con el dinero en cuestión.
Pese a estos argumentos, los jueces de Casación rechazaron los planteos por considerarlos infundados. Afirmaron que la actualización por IPC es razonable y se ajusta a los estándares legales vigentes, tanto del Código Penal argentino como de los tratados internacionales contra la corrupción. También recordaron que el decomiso no es una multa, sino una consecuencia obligatoria de la condena penal.
La Cámara desestimó otros planteos de nulidad y la posibilidad de suspender la ejecución de la medida hasta que haya una sentencia firme. De este modo, el fallo ya comienza a tener efectos concretos, aunque aún podría llegar a la Corte Suprema si la defensa insiste con un recurso extraordinario.
En Salta, la noticia tuvo un fuerte eco, no sólo por el peso simbólico del caso sino por el debate que vuelve a instalar en torno al control de la obra pública y el uso de fondos nacionales. La causa Vialidad, aunque centrada en Santa Cruz, generó interés en todo el país y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.
El caso se mantiene como uno de los expedientes más relevantes contra la expresidenta y forma parte de una serie de investigaciones por presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Mientras el proceso judicial continúa, la ratificación del decomiso por parte de Casación marca un precedente clave en la lucha contra el desvío de fondos públicos.
