El juicio por la causa Cuadernos retomó esta semana un ritmo más intenso, en medio de fuertes reclamos para acelerar un expediente que desde sus primeras audiencias avanza con demoras. Este martes, el Tribunal Oral Federal 7 volvió a reunirse a las 13 y dio inicio a su esquema de dos audiencias semanales, una medida adoptada para responder a las presiones de la Cámara de Casación y de distintos sectores judiciales que exigen mayor celeridad.
El tribunal continuó con la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, un proceso que debería completarse a principios de diciembre. La dimensión del caso —con 86 imputados entre exfuncionarios, empresarios e imputados colaboradores, y más de 540 hechos investigados— explica por qué cada avance requiere una estructura compleja que todavía enfrenta dificultades logísticas y de personal.
En esta nueva audiencia, una de las partes más resonantes fue la lectura del testimonio del financista Ernesto Clarens, cuya declaración como imputado colaborador volvió a sacudir la sala. Según sostuvo, durante años se trasladaron fondos destinados a Néstor y Cristina Kirchner o a sus secretarios, en un esquema que describió como parte de la dinámica de la obra pública patagónica. Relató además que el dinero se movía mediante circuitos que incluían Aeroparque y vuelos hacia El Calafate, con bolsos que —según señaló— llegaron a ingresar por zonas no habituales.
El repaso de declaraciones continuó con el testimonio de Víctor Gutiérrez, exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, quien describió el clima interno en la Casa Rosada y la relación con Cristina Fernández. Estas afirmaciones reactivaron los debates sobre el rol de la expresidenta, a quien la fiscalía considera la jefa de la organización descrita por los imputados colaboradores.
El juicio tiene entre sus acusados a figuras centrales de la política y del empresariado: Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y Armando Loson, entre muchos otros. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyas anotaciones dieron origen al expediente.
En paralelo, el tribunal confirmó el sobreseimiento del empresario Enrique Pescarmona, luego de recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que acreditó una incapacidad mental irreversible. Con ese punto cerrado, la atención volvió a centrarse en el incremento del ritmo de trabajo.
Las tensiones institucionales no cedieron. La Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura reiteraron la necesidad de acelerar el juicio, garantizar más recursos y habilitar salas adecuadas para el funcionamiento presencial. Pero desde el TOF7 insistieron en que la organización del proceso es una facultad propia del tribunal y alertaron que cualquier injerencia podría afectar la independencia judicial.
Las primeras jornadas ya habían dejado declaraciones fuertes de imputados como Claudio Uberti y Carlos Wagner, quienes describieron circuitos de recaudación vinculados a la obra pública y mencionaron montos millonarios supuestamente almacenados en departamentos vinculados a los expresidentes. También se incorporó la declaración de Centeno, quien explicó el recorrido de bolsos y entregas de dinero en distintos puntos, incluso en Olivos.
Frente a este panorama, el TOF7 adoptó el nuevo esquema de dos audiencias semanales —martes y jueves— mientras espera la disponibilidad de una sala más adecuada. La Sala AMIA de Comodoro Py, propuesta para avanzar hacia la presencialidad plena, continúa en refacciones y recién estaría lista en diciembre.
El desafío ahora será sostener un ritmo que permita avanzar sin afectar la calidad del juicio. Con cientos de testigos por delante y un caudal documental excepcional, el proceso se encamina a meses clave. La reanudación de esta semana marcó el inicio de una etapa más intensa, donde cada audiencia comienza a aportar elementos que reavivan uno de los expedientes más sensibles de la escena política argentina.
