El juez federal Lino Mirabelli dispuso el congelamiento por 90 días de todos los bienes de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de activos. La medida alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a la sociedad Varianza S.A., luego de que se detectaran omisiones, inconsistencias patrimoniales y movimientos de fondos que no se condicen con los ingresos declarados por el dirigente liberal.
La resolución judicial se dictó tras un requerimiento del fiscal federal Federico Domínguez, con el apoyo de áreas especializadas del Ministerio Público, que advirtieron irregularidades relevantes en las declaraciones juradas de Espert. Según consta en el expediente, el exdiputado no informó su participación en Varianza S.A. y habría subvaluado bienes, además de no poder justificar el origen de parte de su patrimonio.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el vínculo entre Espert y Federico “Fred” Machado, un empresario que actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas. La causa sostiene que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado, aunque la cifra podría ser mayor según la documentación analizada.
El juez Mirabelli señaló que, si bien no fue posible reconstruir en su totalidad el recorrido del dinero bajo sospecha, existen elementos suficientes para reforzar la hipótesis de un nexo económico entre ambos. Entre las pruebas figura un presunto contrato de servicios profesionales firmado con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., propiedad de Machado, que contemplaba pagos por hasta un millón de dólares a favor de Espert.
La investigación también detectó una cuenta bancaria no declarada en el exterior con un saldo cercano a los 30 mil dólares, cuyos fondos provendrían de Wellington Capital Markets Ltd. Este dato se suma a la conclusión de los peritos de que los ingresos oficialmente informados por el economista no alcanzan para explicar el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.
Dentro del entramado bajo análisis aparece además Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert, señalado como posible testaferro. Iglesias figura como titular de un vehículo valuado en más de 70 millones de pesos, pese a no registrar ingresos formales declarados, un dato que reforzó las sospechas de maniobras para ocultar bienes.
En paralelo, el expediente da cuenta de adquisiciones realizadas por Espert y González que despertaron alertas en el sistema de control. Entre ellas, la compra de una vivienda en la localidad bonaerense de Beccar en noviembre de 2019 y la adquisición de un automóvil BMW en marzo de 2020. Para los investigadores, estas operaciones coinciden temporalmente con el período en el que se habría intensificado la relación con Machado.
La causa se originó a partir de una denuncia que puso el foco en el crecimiento patrimonial del economista y en la falta de correlato entre sus bienes y sus actividades declaradas. A partir de allí, la Justicia avanzó con medidas de prueba que derivaron en el congelamiento preventivo de activos, una decisión que busca evitar eventuales maniobras de vaciamiento o transferencia mientras se profundiza la investigación.
El fallo establece que la inmovilización de bienes tendrá una duración inicial de 90 días, plazo durante el cual se continuarán recolectando elementos para determinar si existió lavado de dinero y cuál fue el rol concreto de cada una de las personas y sociedades involucradas. No se descarta que la medida sea prorrogada si surgen nuevos indicios de relevancia penal.
En el plano político, el caso tuvo impacto directo en la trayectoria de Espert. Luego de haber sido respaldado públicamente por Javier Milei como candidato a diputado nacional, el economista quedó desplazado del armado libertario cuando las acusaciones comenzaron a tomar estado público y a avanzar en sede judicial.
Mientras tanto, Federico Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre y enfrenta allí cargos federales de extrema gravedad. Tiene plazo hasta el 6 de febrero para definir si se declara culpable o si decide ir a juicio, una decisión que podría tener consecuencias directas en la causa que se tramita en la Argentina y en la situación procesal de Espert.
Con el congelamiento de bienes ya en marcha, la investigación entra ahora en una etapa clave. La Justicia buscará determinar si los fondos bajo sospecha provienen de actividades ilícitas y si existió un esquema sistemático para ocultar o disimular su origen. El avance del expediente marcará no solo el futuro judicial del economista, sino también el alcance político de un caso que sigue sumando capítulos.
