Cristina Fernández de Kirchner quedó exenta de pagar los $22.300 millones que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) le reclamaba por la vía civil, como parte de la causa Vialidad. La Justicia confirmó que el Estado dejó vencer los plazos procesales, lo que provocó la caducidad del expediente iniciado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una apelación presentada por la DNV y ratificó que el organismo abandonó el expediente durante más de seis meses, sin realizar actos procesales que lo mantuvieran activo. Esta omisión fue clave para que la defensa de la exmandataria solicitara y lograra la extinción del proceso.
La acción civil buscaba un resarcimiento económico por el supuesto perjuicio causado al Estado en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Aunque el juicio penal por corrupción sigue su curso, este fallo cierra definitivamente el capítulo económico por esta vía.
Según lo establecido en el fallo, la última actuación válida en el expediente fue en marzo de 2023. Desde entonces, y pese a algunas presentaciones posteriores, la Cámara entendió que no se realizaron acciones sustanciales para impulsar el juicio. Los jueces consideraron que las presentaciones hechas por la DNV durante el período de suspensión no tenían valor jurídico suficiente para mantener la demanda con vida.
La decisión no fue unánime. La jueza Florencia Nallar votó en disidencia, advirtiendo que cerrar un juicio por inacción debía ser una medida excepcional y que el expediente no podía darse por abandonado sin una evaluación más amplia del contexto.
Más allá del resultado judicial, el fallo deja expuesta la falta de seguimiento por parte de organismos estatales, incluso durante los cambios de gestión entre las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei. En el medio, se perdió la posibilidad de recuperar una suma millonaria en nombre del patrimonio público.
Cabe recordar que este fallo civil no afecta el proceso penal que continúa en el Tribunal Oral Federal N° 2, donde se tramita un decomiso que podría alcanzar los $684 mil millones. Esa instancia apunta a reparar el daño causado al Estado por el direccionamiento de obras en Santa Cruz, aunque también dependerá del avance y la firmeza de las condenas judiciales.
Para Cristina Kirchner, este fallo representa un alivio importante en el frente económico de sus causas judiciales. Aunque aún enfrenta instancias clave en otras investigaciones, logró esquivar una condena que implicaba un fuerte golpe a su patrimonio y al de otros implicados.
