La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar envuelta en una tormenta política y judicial que promete sacudir a todo el sistema deportivo del país. Una denuncia de la Coalición Cívica (CC), encabezada por Elisa Carrió, abrió una investigación que apunta a un presunto esquema de lavado de dinero manejado a través de testaferros vinculados al entorno dirigencial de la entidad madre del fútbol nacional. La presentación, realizada ante la Justicia, describe un funcionamiento aceitado y silencioso para mover fondos millonarios bajo nombres que, en apariencia, no tendrían capacidad económica para sostener semejante patrimonio.
El caso que más impacto generó es el de Luciano Pantano, un monotributista que, según el expediente, figura como titular de bienes desproporcionados comparados con su situación fiscal formal. Pantano y su madre jubilada aparecen como propietarios de la firma Real Central, una sociedad que, de acuerdo con la denuncia, maneja activos de lujo que difícilmente pasarían inadvertidos en cualquier control estatal. La investigación menciona una mansión en Pilar —con un helipuerto no declarado— y una flota de más de 120 autos de alta gama, entre ellos Ferrari, Porsche, Audi, BMW y modelos exclusivos que suelen estar reservados para coleccionistas de altísimo poder adquisitivo.
La presencia de semejante patrimonio bajo el nombre de contribuyentes de bajos ingresos encendió todas las alarmas dentro de la CC. Los dirigentes sostienen que estos bienes serían apenas la punta del iceberg de un entramado mayor, utilizado para ocultar el verdadero origen del dinero. Y ese origen, según plantean, estaría directamente relacionado con fondos que deberían haber llegado a los clubes del país, incluidos los más chicos, esos que hoy se encuentran asfixiados económicamente.
Matías Yofe, referente de la Coalición Cívica y uno de los impulsores de la denuncia, advirtió que el presunto esquema constituye un golpe directo al corazón del fútbol argentino, ya que se estaría desviando dinero que corresponde a instituciones deportivas que viven con presupuestos mínimos y muchas veces dependen de aportes solidarios de vecinos, padres y socios. En declaraciones públicas, Yofe remarcó que el panorama actual de los clubes contrasta de manera obscena con los bienes detectados en Real Central. “Vemos entidades totalmente venidas abajo, sin recursos para sostener actividades básicas, mientras aparecen mansiones, helipuertos y autos de lujo a nombre de personas que jamás podrían justificarlo”, remarcó.
La gravedad de la acusación no solo recae sobre la magnitud del patrimonio involucrado, sino en cómo habría sido adquirido. La denuncia afirma que estos bienes se compraron sin que ninguna alerta estatal se activara, pese a tratarse de operaciones de alto valor. Se mencionan camionetas premium, autos deportivos, propiedades de varios millones y estructuras edilicias que, por reglas tributarias y financieras, deberían haber generado reportes automáticos en organismos de contralor como la AFIP o la Unidad de Información Financiera.
Otro punto inquietante es el presunto vínculo con sectores de la Justicia. Según la presentación, habría funcionarios judiciales con relación laboral directa con la propia AFA, lo que representaría un conflicto de intereses significativo al momento de investigar maniobras vinculadas con la dirigencia del fútbol. Para la CC, esta situación debilitaría la independencia del sistema judicial en causas donde podrían estar involucradas personas con alto poder político y económico.
La investigación también menciona una segunda propiedad atribuida al mismo grupo: una vivienda en el exclusivo barrio Aires Plaza de Pilar, otra zona donde los inmuebles tienen valores millonarios. Los denunciantes aseguran que ninguna de estas compras coincide con los ingresos declarados y que, al no existir registros de movimientos bancarios proporcionales, todo apunta a la utilización de estos nombres como testaferros para encubrir a los verdaderos beneficiarios del dinero.
La presentación judicial menciona la posibilidad de que estos movimientos estén relacionados con circuitos económicos paralelos dentro del mundo del fútbol, en especial en torno a derechos de transmisión, manejos de caja discrecionales, contrataciones y acuerdos comerciales donde los números suelen circular por fuera de los libros formales. La sospecha es que parte de estos fondos habrían sido “lavados” mediante la compra de autos y propiedades, ocultando el origen y haciendo más difícil rastrear el circuito financiero original.
La denuncia también señala la ausencia de controles efectivos por parte de los organismos que deberían detectar este tipo de anomalías. El expediente cuestiona que no existieran reportes de operaciones sospechosas en compras tan evidentes como una flota de autos importados o un helipuerto, elementos que requieren permisos, habilitaciones y movimientos económicos significativos. Según exponen, es prácticamente imposible que estas adquisiciones hayan pasado inadvertidas si se hubieran cumplido las normativas vigentes.
En medio del escándalo, el impacto político es inmediato. La AFA, una institución que históricamente ha tenido peso dentro del entramado nacional, vuelve a quedar bajo la lupa en un momento en el que la sociedad reclama transparencia, especialmente en sectores donde el manejo del dinero suele ser objeto de sospechas recurrentes. La denuncia de la Coalición Cívica no señala directamente a dirigentes específicos, pero sí apunta a un entramado cercano al poder interno del organismo.
La situación genera preocupación también en clubes de todo el país, que lidian a diario con problemas económicos severos. En Salta, por ejemplo, varias instituciones barriales y ligas locales se sostienen a pulmón, con presupuestos mínimos que dependen de rifas, cenas solidarias o pequeñas cuotas sociales. En ese contexto, la posibilidad de que existan desvíos de fondos provenientes del mismo sistema que debería sostenerlos genera indignación y un reclamo más profundo: transparencia real y controles eficaces.
La Justicia federal deberá ahora evaluar la denuncia, solicitar informes patrimoniales, verificar la trazabilidad del dinero y determinar si existen vínculos directos entre los bienes denunciados y funcionarios o dirigentes de la AFA. También se espera que se requieran datos a la AFIP y a organismos financieros para conocer los movimientos bancarios de los involucrados.
Mientras tanto, el escándalo ya explotó en la opinión pública. La imagen del monotributista con una colección de autos digna de un magnate y una mansión con helipuerto resume el contraste entre el lujo extremo y la precariedad con la que conviven miles de clubes argentinos. Un contraste que, si la Justicia confirma lo denunciado, podría convertirse en una de las causas más resonantes de los últimos años dentro del deporte nacional.
