La expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó un nuevo pedido judicial para modificar las condiciones de su arresto. La solicitud fue elevada a la Corte Suprema y exige dos cosas claves: que se le retire la tobillera electrónica y que se le permita recibir visitas sin restricciones.
El planteo lo presentó su abogado Carlos Beraldi a través de un recurso extraordinario federal. Además de pedir la revisión de las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N.° 2 —ratificadas por la Cámara de Casación—, también solicitó la recusación de tres jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Uno de los puntos más llamativos del documento presentado es que la defensa de Cristina pidió que el recurso no lo resuelvan los jueces actuales de la Corte, sino conjueces. Para eso, exigen que se realice un sorteo que permita seleccionar imparcialmente quiénes tomarán la decisión.
No solo piden el sorteo, sino que insisten en estar presentes en el acto para "controlar su legalidad". Esto marca un nuevo capítulo en la estrategia jurídica de la expresidenta, que busca desmarcarse del tribunal actual y evitar lo que considera un escenario de parcialidad.
El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condiciones de la prisión domiciliaria impuestas a Cristina Kirchner. Esto ocurrió luego de una audiencia oral y pública en la que, curiosamente, el fiscal desistió del recurso que cuestionaba esas condiciones.
La decisión judicial obliga a la expresidenta a utilizar una tobillera electrónica para su monitoreo permanente y le restringe la posibilidad de recibir visitas en su domicilio, salvo las autorizadas previamente.
Según los abogados de Kirchner, estas medidas vulneran derechos fundamentales como el acceso a una vida familiar, social y profesional plena. Aseguran que la expresidenta necesita reunirse regularmente con contadores, apoderados y asesores legales que manejan cuestiones diarias en su nombre.
Uno de los puntos más controvertidos del fallo judicial es el que limita las visitas que Cristina puede recibir. No solo deben estar autorizadas previamente, sino que además hay una lista restringida de personas que pueden ingresar a su domicilio.
La defensa argumenta que esto le impide mantener vínculos esenciales con amigos y personas de confianza, lo cual afecta directamente su calidad de vida y bienestar emocional. “Estas relaciones personales son parte fundamental de su vida social y emocional”, sostienen sus abogados.
También hacen hincapié en que el monitoreo judicial no debería interferir en aspectos íntimos o familiares. En su presentación, remarcaron que la expresidenta no está completamente aislada, pero que el sistema actual le impone un nivel de control que consideran innecesario y desproporcionado.
Hasta ahora, la Cámara de Casación desestimó todos los planteos de la defensa. Argumentaron que la custodia policial no puede reemplazar las funciones que le corresponden al Poder Judicial. Por eso, el uso de la tobillera electrónica y el control de visitas son herramientas consideradas esenciales para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.
Según este criterio, permitir visitas sin control previo o quitar el monitoreo electrónico implicaría desvirtuar el sentido mismo de la pena domiciliaria. La Justicia insiste en que estas medidas no solo son legales, sino también necesarias para garantizar transparencia y eficacia.
Este nuevo capítulo reabre el eterno debate en la política argentina: ¿está Cristina Kirchner siendo víctima de una persecución judicial o simplemente cumpliendo una condena bajo condiciones razonables?
Desde su entorno, sostienen que las medidas impuestas responden más a una decisión política que a un criterio judicial justo. Del otro lado, sectores del Poder Judicial aseguran que no hay excepciones: todos los condenados deben someterse a los mismos controles.
Mientras tanto, la Corte Suprema tendrá que decidir si acepta el recurso presentado por la defensa y, eventualmente, resolver si hay lugar para el pedido de conjueces. De hacerlo, el caso podría tomar un giro inesperado y abrir una nueva etapa en la disputa judicial más emblemática de los últimos años.
