Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió al conurbano bonaerense: un miembro de la custodia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner abatió a un motochorro luego de ser víctima de un intento de robo sobre el Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez. El otro asaltante logró escapar y es intensamente buscado.
Carlos Alberto Carranza, de 47 años, se dirigía a su casa en moto, vestido de civil, cuando fue interceptado por dos sujetos que se le pusieron a la par en otro rodado sin patente. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, lo obligó a frenar y lo enfrentó. Carranza se identificó como policía, extrajo su pistola reglamentaria y respondió a los tiros.
En el tiroteo, uno de los atacantes cayó herido y murió más tarde en el Hospital Bocalandro. Su cómplice huyó a pie y todavía no fue identificado. La moto utilizada por los delincuentes tenía los números de chasis y motor limados, lo que sugiere que fue robada.
La fiscalía de San Martín investiga el hecho como legítima defensa, aunque Carranza deberá prestar declaración en los próximos días. Por ahora, no está detenido.
Preocupación por los motochorros también en Salta
Aunque el hecho ocurrió en Buenos Aires, la noticia resuena en toda la Argentina y en especial en Salta, donde vecinos de varias zonas —como la capital, San Lorenzo, Cerrillos y Tartagal— han denunciado reiterados robos cometidos por delincuentes en moto. En muchos casos, los asaltos ocurren a plena luz del día y con extrema violencia.
Durante el año, se multiplicaron en Salta los operativos policiales que buscan frenar esta modalidad. Solo en 2025, más de 500 motocicletas con irregularidades fueron secuestradas. Muchas de ellas no tenían patente o presentaban adulteraciones similares a la del caso en Buenos Aires.
Debate por el uso de armas y la legítima defensa
El accionar del custodio vuelve a poner en el centro del debate la figura de la legítima defensa por parte de fuerzas de seguridad fuera de servicio. La respuesta inmediata y letal frente a una amenaza real plantea interrogantes legales, pero también evidencia la inseguridad creciente en todo el país.
Casos similares ya se han visto en Salta, donde algunos efectivos policiales también actuaron ante intentos de robo estando de civil. Las repercusiones sociales y judiciales varían según el contexto, pero muestran un patrón: cada vez más ciudadanos y agentes se enfrentan a situaciones límite.
Un problema extendido que atraviesa al país
El uso de motos sin identificación para cometer delitos es una práctica extendida en varias provincias, incluida Salta. Se trata de vehículos robados, modificados y usados para actuar con rapidez y luego desaparecer sin dejar rastros. Esta modalidad complica las tareas de investigación y deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad.
El caso del custodio presidencial es una muestra más de que la inseguridad afecta a todos los niveles. Que un miembro entrenado para proteger a una exmandataria sea atacado en plena vía pública confirma la magnitud del problema.
