La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete sumó en las últimas horas un testimonio central. La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó en los tribunales federales y, tras una extensa declaración, aseguró que las operaciones inmobiliarias bajo análisis se realizaron dentro del marco legal y sin irregularidades.
Durante casi tres horas, la profesional respondió preguntas del fiscal federal a cargo de la causa y aportó documentación vinculada a las transacciones que permitieron la adquisición de propiedades por parte del funcionario. Según explicó, se trató de mecanismos habituales dentro del mercado, aunque uno de los puntos que más interés despertó fue la modalidad de financiamiento utilizada.
En ese sentido, Nechevenko detalló que no hubo entrega de dinero en efectivo, sino un esquema de hipoteca con saldo de precio. Este tipo de acuerdo implica que los propios vendedores financian una parte importante del valor del inmueble, algo que, si bien no es lo más frecuente en el circuito bancario tradicional, sí existe en operaciones entre privados.
Uno de los casos bajo análisis corresponde a un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido por un valor cercano a los 230.000 dólares. De acuerdo con lo expuesto, aproximadamente 200.000 dólares fueron financiados por las vendedoras, dos mujeres jubiladas que figuran como prestamistas en la operación. Esta particularidad es, justamente, uno de los ejes que motivó la investigación judicial.
Consultada sobre el origen de los fondos utilizados para el pago inicial, la escribana evitó dar precisiones y sostuvo que esa información debe ser brindada por el propio funcionario. Su postura fue mantener el alcance de su intervención estrictamente dentro del rol profesional, limitado a la certificación de los actos y la documentación correspondiente.
Otro aspecto que generó interrogantes fue la relación entre la escribana y el jefe de Gabinete, especialmente por una serie de reuniones mantenidas en dependencias oficiales durante los últimos años. Sin embargo, la profesional optó por no brindar detalles sobre esos encuentros, amparándose en el deber de confidencialidad con su cliente.
Mientras tanto, la fiscalía continúa reconstruyendo la denominada “ruta del dinero” para determinar si las operaciones responden a prácticas legítimas o si podrían haber sido utilizadas para justificar un incremento patrimonial que no coincidiría con los ingresos declarados. La clave está en establecer si el esquema de préstamos privados tiene sustento económico real o si presenta inconsistencias.
La causa seguirá avanzando en los próximos días con nuevas declaraciones testimoniales. Está previsto que comparezcan las personas que participaron como vendedoras y financiadoras en la compra del departamento, así como otras figuras vinculadas a operaciones previas. También se analizarán antecedentes de otras propiedades y movimientos financieros relacionados.
En paralelo, se incorporaron datos que llaman la atención de los investigadores, como la secuencia de transferencias de un inmueble que habría cambiado de manos en un corto período, pasando por distintos titulares antes de llegar al funcionario bajo condiciones de financiación poco habituales.
Con este escenario, la Justicia busca determinar si existe una estructura coherente detrás de las operaciones o si se trata de maniobras que podrían encubrir irregularidades. Por ahora, el testimonio de la escribana aporta una defensa técnica que respalda la legalidad formal de los procedimientos, aunque el foco sigue puesto en el origen de los fondos y la consistencia patrimonial.
La investigación se mantiene en una etapa clave, con múltiples líneas abiertas y la expectativa de que los próximos testimonios permitan aclarar los puntos más sensibles del expediente.
