Un presunto plan de sicariato diseñado desde el interior de una cárcel argentina puso en alerta máxima a la Justicia y al Gobierno de Entre Ríos. La maniobra, que tenía como blancos a un juez federal, un fiscal y al ministro de Seguridad provincial, fue desarticulada tras la declaración de un informante y derivó en allanamientos de urgencia dentro de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.
Según surge de la investigación, el supuesto autor intelectual sería Leonardo Airaldi, un empresario vinculado al narcotráfico que permanece detenido a la espera de juicio oral por causas relacionadas con el tráfico de cocaína en Santa Fe y Entre Ríos. Desde su lugar de alojamiento carcelario, habría coordinado un plan para asesinar al fiscal federal Ignacio Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia.
El dato que activó la alarma fue el testimonio de un testigo ante el fiscal federal Pedro Rebollo. A partir de esa declaración, la Justicia federal avanzó con medidas urgentes para corroborar la información y neutralizar cualquier intento de ataque.
La reconstrucción judicial describe una logística propia de organizaciones criminales de alto nivel. Para ejecutar los asesinatos de Candioti y Ríos, la banda habría contactado a un sicario uruguayo, acordando un pago de 40.000 dólares. El escenario elegido no era casual: los crímenes debían concretarse en Punta del Este, Uruguay, durante el receso vacacional de los funcionarios, un contexto que podría facilitar movimientos sin levantar sospechas.
El plan incluía la utilización de dos vehículos para la ejecución y posterior huida, además de un recipiente con cal viva con el objetivo de hacer desaparecer rápidamente los restos y entorpecer cualquier investigación posterior. La frialdad de los detalles que constan en el expediente refleja el grado de planificación que, según la acusación, tenía la maniobra.
En paralelo, el atentado contra Roncaglia habría sido proyectado en territorio argentino. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el ataque se planificó para concretarse durante los traslados del ministro en motocicleta por zonas cercanas a la ciudad de Paraná. En este caso, el monto pactado sería incluso superior al acordado por los otros dos funcionarios, debido a la mayor complejidad operativa y el despliegue de seguridad que implicaría ejecutar el crimen en el país.
El trasfondo del presunto complot estaría vinculado al avance de las causas judiciales contra Airaldi. El detenido afronta un juicio oral inminente y, según la hipótesis investigativa, habría expresado su enojo con los magistrados que intervienen en su situación procesal. En particular, habría acusado al juez Ríos de “inventarle una causa” y al fiscal Candioti de tener “todo arreglado” para asegurar una condena de 15 años de prisión en el debate que comenzará en Paraná.
En cuanto a Roncaglia, su nombre no aparece de manera aislada. Antes de asumir como ministro de Seguridad de Entre Ríos, tuvo un rol destacado en la conducción de la Policía Federal Argentina y en áreas vinculadas a Drogas Peligrosas, sectores que llevaron adelante investigaciones clave contra organizaciones narco en la región. Ese antecedente lo posiciona como una figura con peso en la lucha contra el narcotráfico, lo que podría explicar su inclusión en el listado de objetivos.
Tras recibir la declaración del informante, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento urgente en la Unidad Penal 9. El procedimiento fue realizado por el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional y arrojó resultados considerados relevantes para la causa: se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, pequeñas cantidades de cocaína y documentación que ahora será sometida a peritajes.
Los investigadores analizan especialmente los dispositivos electrónicos incautados, ya que podrían contener comunicaciones, contactos o referencias que permitan confirmar la existencia del plan y determinar si hubo otros involucrados fuera del penal. También se busca establecer si el presunto sicario uruguayo fue efectivamente contactado y en qué instancia se encontraba la planificación.
La gravedad institucional del caso obligó a reforzar de inmediato la seguridad de los tres funcionarios señalados como blancos. Se dispuso un esquema especial de custodia tanto para ellos como para sus grupos familiares, con el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo. En este tipo de escenarios, la protección no solo apunta a evitar un ataque directo sino también a disuadir cualquier intento de amedrentamiento.
El episodio genera fuerte impacto en el ámbito judicial y político de Entre Ríos, donde la lucha contra el narcotráfico viene ocupando un lugar central en la agenda pública. Que un presunto plan de asesinato haya sido diseñado desde una unidad penitenciaria reabre el debate sobre los controles en cárceles y la capacidad de algunos internos de mantener redes de comunicación y poder de coordinación pese a estar privados de la libertad.
En el plano judicial, la causa avanza con múltiples líneas de investigación. Por un lado, se busca corroborar la veracidad y precisión del testimonio que dio origen al expediente. Por otro, se profundiza en el análisis de los elementos secuestrados en el penal para determinar si existen pruebas objetivas que respalden la hipótesis del complot.
Mientras tanto, el juicio oral contra Airaldi sigue en pie y comenzará en los próximos días en Paraná, bajo un fuerte esquema de seguridad. El intento de sicariato frustrado suma un nuevo capítulo a un escenario ya complejo, atravesado por acusaciones de narcotráfico, tensiones judiciales y un entramado criminal que, según la investigación, no dudó en proyectar ataques contra las máximas autoridades judiciales y de seguridad de la provincia.
El caso, por su magnitud y características, trasciende las fronteras entrerrianas y vuelve a poner el foco en el avance del narcotráfico en distintas regiones del país, así como en los riesgos que enfrentan jueces, fiscales y funcionarios que intervienen en causas de alto impacto. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
