La investigación por la explosión registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional avanza sin una hipótesis firme sobre los posibles responsables. En ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para coordinar el seguimiento del caso y definir los pasos institucionales a seguir.
El estallido dejó cuatro efectivos heridos y generó una fuerte preocupación en el Gobierno nacional, que prepara una presentación judicial con el objetivo de impulsar la causa y aportar toda la información recopilada por las áreas de Seguridad e Inteligencia. Por ahora, desde Nación reconocen que no hay indicios concluyentes sobre quiénes podrían estar detrás del episodio.
La explosión ocurrió minutos antes de las 14 en el edificio ubicado sobre Paseo Colón al 500, en el barrio porteño de Monserrat. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el paquete contenía un artefacto detonante que se activó al momento de su apertura. La encomienda había sido recibida meses atrás y permanecía bajo resguardo en el piso 11 del edificio, hasta que fue manipulada por personal de la institución.
El impacto fue inmediato. Dos efectivos debieron ser trasladados al Hospital Argerich con quemaduras, mientras que otros dos recibieron asistencia médica en el lugar, uno de ellos con suministro de oxígeno. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran fuera de peligro y que no hubo más personas lesionadas.
Tras el estallido, se dispuso la evacuación preventiva del edificio y se desplegó un operativo conjunto con la intervención de la División de Explosivos y brigadas especializadas. Otros paquetes que también habían sido recibidos en la sede fueron inspeccionados y sometidos a detonaciones controladas para descartar riesgos adicionales. La zona permaneció vallada durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes.
En la reunión mantenida en la Casa Rosada, Monteoliva y Adorni analizaron el cuadro de situación y evaluaron las medidas a adoptar en el plano judicial y administrativo. El objetivo es determinar con precisión el origen del envío, la composición del explosivo y establecer si existió una planificación previa que permita encuadrar el hecho en figuras penales como intimidación pública o estrago.
La presentación judicial que prepara el Ejecutivo busca formalizar la participación del Gobierno como parte interesada en el esclarecimiento del episodio y garantizar que la investigación avance con todos los recursos disponibles. En este tipo de casos, el análisis técnico resulta clave: las pericias sobre restos del artefacto, el embalaje y el circuito del envío pueden aportar datos determinantes para identificar responsables.
El episodio reavivó la preocupación por la seguridad en edificios públicos y dependencias de fuerzas federales. Si bien se trata de un hecho aislado, la modalidad —un paquete que detona al ser abierto— obligó a reforzar protocolos internos y revisar los procedimientos de control de encomiendas. En las últimas horas, se intensificaron las medidas preventivas en distintas sedes oficiales.
Desde el entorno de Seguridad remarcan que todavía es prematuro hablar de motivaciones o de posibles autores. Las hipótesis permanecen abiertas y dependen en gran medida de los resultados periciales. La prioridad, aseguran, es esclarecer lo ocurrido y llevar tranquilidad tanto al personal de la fuerza como a la ciudadanía.
El caso también genera repercusión a nivel federal, ya que Gendarmería Nacional tiene presencia en todo el país, incluida la provincia de Salta, donde cumple funciones clave en controles fronterizos, rutas nacionales y operativos contra el narcotráfico. En ese sentido, cualquier ataque o intimidación contra la institución impacta en el esquema general de seguridad.
Por estas horas, los investigadores trabajan sobre el recorrido del paquete: cuándo fue recibido, por qué permaneció almacenado durante meses y si existieron advertencias previas. También se analiza si el artefacto fue armado de manera artesanal o si presenta características que permitan rastrear su procedencia.
Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en que no se descarta ninguna línea investigativa. La presentación judicial apuntará a consolidar la información técnica y administrativa reunida hasta el momento, con el fin de acelerar el proceso y garantizar que se determinen eventuales responsabilidades penales.
El episodio en la Escuela Superior de Gendarmería pone el foco nuevamente en la seguridad institucional en Argentina y abre interrogantes sobre los mecanismos de control de envíos en organismos oficiales. Con cuatro heridos fuera de peligro y una causa en plena etapa preliminar, la investigación será determinante para esclarecer si se trató de un hecho aislado o de una acción con motivaciones más amplias.
