La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro importante tras levantarse el secreto de sumario. La Justicia federal, a cargo del fiscal Franco Picardi, detectó nuevas irregularidades vinculadas a la compra de medicamentos, lo que abre una nueva línea de sospechas: los sobreprecios.
Según el avance de la causa, se habría pagado por productos por encima de su valor de mercado, lo que sugiere un posible direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos públicos. Los investigadores analizan si hubo un armado deliberado para beneficiar a ciertas droguerías, entre ellas, Suizo Argentina, manejada por los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
El contenido de los celulares secuestrados podría ser clave para probar vínculos entre los empresarios y exfuncionarios de la ANDIS. En ese sentido, se intenta determinar si existieron encuentros entre los Kovalivker y Daniel Garbellini, ex número dos del organismo, así como con el extitular Diego Spagnuolo.
Hasta el momento, el teléfono de Garbellini no aportó datos relevantes, pero las sospechas se mantienen. Se busca reconstruir sus movimientos y vínculos con los proveedores que aparecen en la mira judicial.
La situación de Spagnuolo también se agrava. Tras el hallazgo de 80 mil dólares y 2 mil euros en efectivo en una caja de seguridad a su nombre, sus abogados renunciaron y el exdirector quedó sin defensa. Esto abre la puerta a que se convierta en imputado colaborador, ante el riesgo de ser procesado.
Mientras tanto, la Justicia sigue analizando una gran cantidad de documentación, mensajes y audios incautados. La causa está en una etapa temprana, pero todo indica que podrían surgir más imputaciones en breve.
Este escándalo golpea de lleno a un organismo clave en la asistencia a personas con discapacidad, y genera fuerte malestar tanto en Buenos Aires como en las provincias. En Salta, donde muchas instituciones dependen de la ANDIS para sostener tratamientos, medicamentos e insumos, la incertidumbre crece.
Organizaciones sociales y áreas del Gobierno provincial siguen con atención el desarrollo del caso, preocupadas por el posible impacto en la continuidad de las prestaciones. La confianza en los mecanismos nacionales de asistencia, ya golpeada por los recortes, se resquebraja aún más con este tipo de denuncias.
Por ahora, la causa sigue en manos del fiscal Picardi y no se descartan nuevas medidas. Lo cierto es que la ANDIS, lejos de su objetivo original, quedó en el centro de una trama que combina poder, dinero y corrupción en uno de los sectores más sensibles del Estado.
