La Cámara de Diputados aprobó este martes la denominada Ley Hojarasca, uno de los proyectos centrales impulsados por el Gobierno nacional dentro de su plan de desregulación del Estado. La iniciativa consiguió 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratada en el Senado.
La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, especialmente por el alcance de las reformas incluidas en el paquete legislativo. El proyecto propone eliminar y modificar decenas de normativas que el Gobierno considera obsoletas o incompatibles con el actual esquema de reducción de la intervención estatal.
Desde La Libertad Avanza defendieron la medida como parte de una estrategia para simplificar el funcionamiento del Estado y reducir regulaciones. Durante el debate, los legisladores oficialistas sostuvieron que muchas de las leyes vigentes representan trabas burocráticas que afectan la actividad económica y limitan la libertad de acción de los ciudadanos y las empresas.
En contrapartida, distintos bloques opositores cuestionaron con dureza el contenido de la iniciativa y advirtieron que detrás de la eliminación de normas también podrían verse afectadas políticas vinculadas a la salud pública, la producción nacional y el control sobre sectores estratégicos. Además, plantearon que varias de las derogaciones incluidas en el proyecto no fueron suficientemente discutidas en comisión.
La aprobación de la Ley Hojarasca marcó el primer tramo de una jornada extensa en el Congreso, aunque la tensión política continuó inmediatamente después con el debate sobre la modificación del régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría.
El proyecto impulsado por el oficialismo busca redefinir el esquema actual de beneficios para los usuarios residenciales. La propuesta apunta a dejar atrás el criterio geográfico amplio que hoy alcanza a distintas provincias y regiones del país, para pasar a un sistema más focalizado según el nivel de ingresos de cada hogar.
En concreto, la iniciativa establece que el subsidio quede concentrado únicamente en familias que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales medidas por el INDEC y que además residan en zonas consideradas de temperaturas extremas. De esta manera, miles de usuarios podrían quedar excluidos del beneficio vigente.
El cambio también contempla modificaciones en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que financia el régimen actual mediante un recargo aplicado a las tarifas. El texto habilita al Poder Ejecutivo a actualizar ese porcentaje hasta un límite del 50%.
La discusión generó resistencia entre diputados de provincias patagónicas y de sectores del interior que actualmente reciben descuentos en las boletas de gas. Legisladores de distintos espacios políticos advirtieron que una reducción del alcance del programa podría impactar de lleno en el costo de vida de amplios sectores de clase media.
El oficialismo, en tanto, argumentó que el esquema vigente perdió razonabilidad luego de las ampliaciones realizadas en los últimos años y sostuvo que el beneficio debe concentrarse en quienes realmente no pueden afrontar el pago pleno de las tarifas energéticas.
Con la media sanción ya obtenida para la Ley Hojarasca y el debate por la Zona Fría todavía abierto, el Gobierno busca consolidar en el Congreso una agenda enfocada en la desregulación económica, la reducción del gasto público y la reestructuración de subsidios. Mientras tanto, la discusión promete seguir escalando en el Senado, donde varios sectores ya anticiparon una negociación compleja.
