El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que ordena restituirle a Cristina Fernández de Kirchner la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La estrategia oficial será presentar en los próximos días un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que dejó en suspenso la baja del beneficio dispuesta por la ANSES.
La resolución que ahora será cuestionada fue dictada por la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo lugar a la apelación presentada por la exvicepresidenta y ordenó restablecer de manera provisoria la pensión como viuda del expresidente. La medida tiene carácter cautelar, es decir, rige de forma transitoria hasta que se resuelva el fondo de la causa.
En la sentencia, los jueces consideraron que la suspensión del beneficio previsional podría ocasionar un perjuicio de difícil reparación posterior y remarcaron el carácter alimentario de la prestación. Bajo ese argumento, dispusieron frenar los efectos de la resolución administrativa de la ANSES que había dado de baja la pensión, al menos hasta que exista una definición definitiva sobre la legalidad de esa decisión.
Desde el Ejecutivo sostienen que la cuestión excede lo estrictamente previsional y que existen elementos jurídicos suficientes para que el máximo tribunal intervenga. Por eso, el recurso extraordinario será presentado ante la misma Cámara que dictó el fallo, paso procesal obligatorio antes de que el expediente pueda llegar a la Corte Suprema.
La controversia se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno luego de la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad durante 2024. Tras esa instancia judicial, la ANSES resolvió dar de baja dos beneficios que percibía la exmandataria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como presidenta de la Nación.
El organismo previsional fundamentó la decisión en presuntas incompatibilidades y en la situación judicial de la exjefa de Estado. Según esa postura, la confirmación de la condena configuraba un escenario que habilitaba la revisión de los beneficios otorgados en su momento. La medida generó un inmediato planteo judicial por parte de la defensa de la exvicepresidenta.
Con el fallo de la Cámara, la pensión quedó restituida de manera provisoria, mientras que la jubilación como expresidenta continúa suspendida. Es decir, el tribunal solo se pronunció sobre uno de los beneficios cuestionados, y lo hizo bajo la figura de una medida cautelar que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez o invalidez de la baja dispuesta por la ANSES.
En términos procesales, el recurso extraordinario federal que prepara el Gobierno es una herramienta excepcional prevista para casos en los que se alegan cuestiones de índole constitucional o federal. Si la Cámara concede el recurso, el expediente será elevado a la Corte Suprema para su análisis. En caso de que lo rechace, el Estado todavía puede recurrir en queja directa ante el máximo tribunal, que tendrá la última palabra sobre la admisibilidad del planteo.
El movimiento del Ejecutivo anticipa que la discusión escalará a la instancia más alta del Poder Judicial. En la práctica, esto puede extender los tiempos del litigio y mantener la situación en un terreno de incertidumbre hasta que exista un pronunciamiento definitivo.
En el trasfondo del conflicto aparece el debate sobre el alcance de los beneficios previsionales para expresidentes y sus derechohabientes, un tema que suele generar controversia pública y política. La pensión vitalicia y la jubilación de los exmandatarios están reguladas por normas específicas que reconocen el carácter honorífico y la función institucional desempeñada. Sin embargo, la interpretación sobre eventuales incompatibilidades o causales de pérdida del beneficio no ha estado exenta de discusiones.
Para el oficialismo, la decisión de la Cámara interfiere con una facultad administrativa ejercida por la ANSES en el marco de sus competencias. En cambio, desde la defensa de Cristina Kirchner sostienen que la quita del beneficio resultó arbitraria y que vulneró derechos adquiridos.
Mientras se desarrolla la disputa judicial, la restitución provisoria implica que la exmandataria volverá a percibir la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner hasta que haya sentencia firme. La definición de fondo —esto es, si la baja fue o no ajustada a derecho— quedará sujeta a lo que resuelvan los tribunales en las próximas instancias.
El caso combina elementos de derecho previsional, derecho constitucional y alto voltaje político. La intervención eventual de la Corte Suprema no solo será determinante para este expediente en particular, sino que podría sentar un precedente sobre la interpretación de los beneficios otorgados a exjefes de Estado en la Argentina.
Por ahora, el escenario marca un nuevo capítulo en la pulseada entre el Gobierno y la exmandataria. Con el recurso extraordinario en preparación y la posibilidad de que el expediente llegue al máximo tribunal, la discusión por la pensión de Cristina Kirchner se encamina a una definición que promete impacto institucional y político en todo el país.
