La Justicia federal confirmó que 111 personas murieron como consecuencia directa de fentanilo contaminado distribuido en hospitales y clínicas del país. El caso, que está bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak, ya se considera uno de los más graves en cuanto a adulteración de medicamentos de uso médico.
Hasta el momento, el Cuerpo Médico Forense estudia 159 casos que presentan coincidencias clínicas, bacteriológicas y farmacológicas. De ese total, 48 pacientes lograron sobrevivir, mientras que los demás fallecieron tras desarrollar infecciones graves luego de recibir el opioide, principalmente durante internaciones en terapias intensivas.
El fentanilo implicado fue producido y distribuido por Ramallo SA y HLB Pharma Group, compañías vinculadas al empresario Ariel García Furfaro, quien está detenido con prisión preventiva. Además, en la causa están imputadas otras 13 personas, entre ellas su hermano y su madre, esta última con prisión domiciliaria. Todos apelaron las medidas ante la Cámara Federal.
Según las pericias, las partidas de fentanilo estaban contaminadas con al menos dos bacterias, cuya presencia elevó significativamente el riesgo de muerte para pacientes ya vulnerables. El opioide se utiliza habitualmente en cirugías y tratamientos de alta complejidad, por lo que la adulteración generó un impacto sanitario severo y directo.
Los acusados enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso con la modalidad peligrosa para la salud pública. Con la actualización de las cifras, la pena estimada podría oscilar entre 10 y 25 años de prisión, aunque la investigación continúa y podrían surgir nuevas imputaciones.
La causa profundiza ahora en las indagatorias para determinar cómo se distribuyeron las partidas contaminadas y si hubo complicidad en distintos niveles del sistema de salud y la industria farmacéutica. Los investigadores también buscan establecer protocolos de control más estrictos para evitar que un caso similar vuelva a repetirse.
Este escándalo vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de los medicamentos de uso hospitalario en el país y la necesidad de fiscalización rigurosa, ya que se trata de productos destinados a pacientes críticos, donde cualquier error puede resultar fatal.
La Justicia trabaja sobre documentos, facturas y registros de distribución para reconstruir la cadena que permitió que fentanilo contaminado llegara a hospitales y clínicas, mientras los familiares de las víctimas exigen respuestas y medidas para garantizar que no se repitan tragedias similares.
