La causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal Sergio Mola rechazara el pedido de recusación presentado por la defensa. En un informe elevado al juzgado, sostuvo que no existen motivos para apartarlo de la investigación y consideró que la solicitud resulta improcedente.
El representante de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora afirmó que el planteo fue realizado en un momento clave del expediente, cuando la investigación atraviesa una etapa de avance en la recolección y análisis de pruebas. En ese contexto, advirtió que un cambio en la conducción de la acción penal podría afectar el desarrollo del proceso.
En su presentación, el fiscal remarcó que su actuación se ajusta a las funciones que le asigna la ley para intervenir en causas vinculadas con presuntos delitos contra la administración pública. Además, señaló que los hechos bajo investigación revisten especial importancia por el impacto institucional que podrían tener.
La causa busca determinar si existieron maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que, de comprobarse, implicarían un perjuicio para el patrimonio del Estado y afectarían la confianza pública en las instituciones.
Mola también argumentó que el pedido de apartamiento carece de fundamentos suficientes y sostuvo que la intención de la defensa sería entorpecer el avance de la investigación. Por ese motivo, solicitó al juzgado que rechace la recusación y ratifique su continuidad al frente del expediente.
Con este informe ya incorporado a la causa, ahora será el juez federal quien deba resolver si hace lugar al planteo de la defensa de Insaurralde o si confirma a Mola como responsable de impulsar la investigación.
Mientras tanto, el expediente continuará enfocado en el análisis de la documentación patrimonial reunida hasta el momento. Entre las medidas previstas figuran el cotejo de movimientos bancarios, declaraciones juradas y registros societarios vinculados al exfuncionario y a personas de su entorno.
La fiscalía procura consolidar las pruebas para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar con las próximas etapas del proceso judicial y definir el eventual encuadre penal de los hechos investigados.
