La Casa Rosada dio por terminada la versión definitiva de la reforma laboral y activó, sin demoras, una campaña política para asegurar los votos necesarios en el Congreso. El movimiento llega a días del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre, un tramo del calendario legislativo que el Gobierno busca aprovechar a fondo para convertir la iniciativa en ley antes de fin de año.
La avanzada oficial dejó en claro que la estrategia será frontal. Apenas el texto quedó listo, se distribuyó entre los principales despachos del Ejecutivo y del Parlamento. La hoja de ruta contempla un trabajo a contrarreloj, con el Senado como primera parada y con negociaciones simultáneas que se extienden tanto hacia los bloques aliados como hacia los gobernadores que podrían inclinar la balanza.
Aunque la reforma viene generando fricciones con sindicatos y también con sectores del empresariado, el Gobierno decidió no modificar los lineamientos centrales del proyecto. La señal interna es que la conducción del proceso está completamente en manos del Poder Ejecutivo y que cualquier intento de renegociación será evaluado recién en el marco legislativo. Por ahora, la prioridad es sumar voluntades políticas para que la discusión avance sin tropiezos en las próximas semanas.
La estructura técnica del proyecto quedó bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto incorpora cambios amplios y sensibles para el mercado laboral argentino, desde la actualización de la ultraactividad y la redefinición de vínculos entre convenios colectivos hasta ajustes en cargas fiscales, esquemas de financiamiento sindical y empresarial, regulaciones de derechos colectivos y nuevas reglas para trabajadores autónomos. La llamada “democracia sindical” aparece como otro de los puntos donde se esperan debates intensos en el Congreso.
Con el contenido ya cerrado, el cronograma que maneja la Casa Rosada apunta a que el Senado abra el debate entre el 10 y el 31 de diciembre. El oficialismo busca que la Cámara Alta trate el proyecto antes de fin de año para luego trasladar la discusión a Diputados en la segunda etapa del verano. Para eso, la vicepresidenta y senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ya viene tendiendo puentes con aliados potenciales, con la doble misión de encaminar la reforma laboral y allanar el terreno para el tratamiento del Presupuesto 2026.
El esquema parlamentario prevé sesiones hasta fin de diciembre, un receso corto de dos semanas en enero y un retorno a la actividad desde el 19 de ese mes hasta el 28 de febrero. Si bien en algún momento se evaluó sesionar durante todo el verano, el oficialismo admitió que sería complejo garantizar quórum pleno los primeros días del año. Por eso, el calendario quedó ajustado para maximizar los tramos de mayor presencia legislativa.
La conversación política que rodea a la reforma laboral es apenas una parte del paquete que el Gobierno pretende impulsar en extraordinarias. En paralelo, avanza la intención de aprobar el Presupuesto 2026, una reforma tributaria de amplio alcance y modificaciones en el Código Penal. Aunque la convocatoria extraordinaria está definida en sus grandes líneas, la publicación oficial todavía está en preparación y se espera que quede formalizada en el corto plazo.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, busca consolidar una mayoría antes del 3 de diciembre, cuando asumirán los nuevos legisladores. El cálculo político es claro: si el oficialismo logra asegurarse la primera minoría en la Cámara Baja, podrá negociar con más margen y limitar la influencia del peronismo en la etapa decisiva del tratamiento.
En la Casa Rosada, la tarea de tejer acuerdos con las provincias quedó principalmente en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. Ambos avanzan con una ronda acelerada de reuniones con gobernadores y representantes provinciales. El Ejecutivo identifica un grupo de alrededor de veinte mandatarios con los que considera posible construir consensos, al menos en algunos de los proyectos prioritarios del verano legislativo.
En la agenda inmediata figuran encuentros con dirigentes de peso territorial, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Ese tipo de conversaciones será determinante para ordenar el mapa político que enfrentará la reforma laboral cuando llegue al recinto. Los gobernadores, más allá de sus alineamientos partidarios, suelen actuar como actores clave a la hora de orientar a sus legisladores, especialmente en proyectos que podrían tener impacto directo en las economías regionales.
El oficialismo sabe que la pulseada será intensa. La reforma laboral toca puntos sensibles para sindicatos, empresas y fuerzas políticas que ya adelantan reparos y pedidos de cambios. Aun así, el Gobierno mantiene su postura de avanzar con el proyecto tal como está redactado e insiste en que las modificaciones estructurales son necesarias para modernizar el mercado laboral y dar señales de previsibilidad económica.
Las próximas semanas marcarán un escenario decisivo. Con el texto final en circulación, el Ejecutivo apuesta a un verano de alta actividad parlamentaria, en el que la reforma laboral será uno de los debates más determinantes del año. El desafío para el Gobierno será equilibrar la urgencia política con la necesidad de construir mayorías en un Congreso fragmentado, donde cada voto puede definir el rumbo de una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión.
