La decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares comenzó a regir este jueves y generó un inmediato rechazo en sectores vinculados a la producción industrial. Desde Tierra del Fuego, una de las provincias más afectadas por la medida, el gobernador Gustavo Melella expresó su preocupación por las consecuencias que tendrá sobre el empleo y la actividad económica.
El mandatario fueguino sostuvo que la eliminación de aranceles no es una buena noticia y cuestionó el enfoque oficial que plantea la apertura como un beneficio directo para los consumidores. “Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho, un trabajador argentino menos y una familia más en problemas”, advirtió, al referirse al impacto social que, según su visión, tendrá la decisión.
La quita total de los aranceles se suma a una reducción previa aplicada en mayo del año pasado, cuando el gravamen pasó del 16% al 8%. Con la nueva disposición, los celulares importados ingresarán al país sin ningún tipo de protección arancelaria, lo que modifica de manera sustancial el esquema que regía para la industria electrónica nacional.
Desde el Ejecutivo nacional explicaron que la medida apunta a incrementar la competencia y generar una baja de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque reconocieron que el efecto no será inmediato. Sin embargo, en el sector productivo la lectura es distinta: advierten que la apertura acelerada pone en riesgo miles de puestos de trabajo y debilita la capacidad industrial local.
Tierra del Fuego concentra gran parte de la producción de bienes tecnológicos del país, con plantas dedicadas al ensamblaje de celulares, televisores y otros dispositivos electrónicos. La eliminación de aranceles golpea de lleno a ese entramado productivo, que ya venía atravesando un escenario complejo por la caída del consumo interno y el encarecimiento de costos.
Melella fue contundente al afirmar que no hay motivos para celebrar. Mientras algunos sectores destacan un eventual abaratamiento de los dispositivos, el gobernador remarcó que el costo real se mide en términos de empleo. En ese sentido, recordó que los últimos datos oficiales de la Encuesta de Indicadores Laborales reflejan la destrucción de 176.908 puestos de trabajo en todo el país.
Las cifras del mercado laboral refuerzan las advertencias. Desde fines de 2023, el empleo total a nivel nacional cayó un 2,8%, un dato que da cuenta del deterioro sostenido del trabajo registrado. En el caso de Tierra del Fuego, el retroceso alcanza el 9,6%, casi cuadruplicando el promedio nacional y evidenciando la fragilidad de las economías regionales más dependientes de la industria.
El gobernador planteó que la política de apertura comercial, sin medidas de acompañamiento, profundiza las desigualdades productivas dentro del país. Señaló que la industria nacional no compite en igualdad de condiciones frente a productos importados, fabricados en contextos con menores costos laborales y mayores escalas de producción.
La preocupación no se limita al impacto inmediato sobre las fábricas, sino también a las consecuencias de mediano plazo. La pérdida de empleo industrial implica menos ingresos, menor consumo y un efecto en cadena sobre el comercio y los servicios. En ese marco, distintos actores del sector advierten que la desindustrialización no se revierte fácilmente y que el cierre de plantas puede dejar secuelas duraderas.
La eliminación de aranceles a celulares importados se inscribe en una estrategia económica más amplia, orientada a la liberalización del comercio y la reducción de regulaciones. Para el Gobierno, el objetivo central es bajar precios y mejorar la competitividad. Para los críticos, el riesgo es avanzar hacia un modelo que privilegie el consumo de productos importados en detrimento de la producción y el trabajo argentino.
En un contexto de recesión, caída del empleo y pérdida de poder adquisitivo, el debate vuelve a poner en tensión dos miradas opuestas sobre el rumbo económico. Mientras el Ejecutivo defiende la apertura como una herramienta para ordenar el mercado, desde las provincias industriales advierten que el costo social puede ser demasiado alto y difícil de revertir.
