El Gobierno nacional presentó los lineamientos centrales de un proyecto de reforma del Código Penal que, según adelantaron las autoridades, será enviado al Congreso en los próximos días. La iniciativa apunta a endurecer penas, agilizar los tiempos judiciales y ampliar el alcance de la legítima defensa, con la intención de modificar aspectos que el oficialismo considera clave para mejorar la respuesta del sistema penal frente al delito.
El anuncio llegó acompañado de la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Alerta Temprana, bautizado ALERTAR, que permitirá enviar avisos simultáneos a todos los teléfonos móviles ubicados en zonas afectadas por emergencias. Ambas medidas forman parte de la agenda que impulsa la gestión de Javier Milei para la segunda mitad del mandato.
Según detallaron los funcionarios, el proyecto penal busca dejar atrás lo que definieron como un mecanismo “laxista”, para avanzar hacia un esquema donde las penas se cumplan efectivamente y los delitos más graves no prescriban. En ese punto, se destaca la decisión de establecer la imprescriptibilidad del abuso sexual y de los homicidios agravados, un planteo que viene siendo debatido desde hace años en ámbitos judiciales y legislativos.
El texto elaborado por el Ejecutivo también incluye la incorporación de figuras penales que habían sido reclamadas por distintas organizaciones civiles. Entre ellas, la conducción imprudente, que apunta a endurecer la respuesta estatal ante hechos viales con consecuencias graves, y el abuso de armas, que amplía la responsabilidad de quienes utilizan equipamiento bélico en contextos indebidos.
Uno de los aspectos que mayor debate promete es la modificación del concepto de legítima defensa. El proyecto establece que, ante un ataque, la presunción inicial se incline a favor de quien se defiende, siempre que la situación muestre indicios razonables de agresión ilegítima. Para el Gobierno, este cambio busca dar mayor respaldo a las víctimas en escenarios donde la reacción inmediata puede definir el desenlace.
Junto con esto, la iniciativa plantea un rol más activo de quienes atraviesan un proceso penal como damnificados. La propuesta oficial prevé que las víctimas puedan participar en todas las etapas del expediente, recibir información permanente y asistir a las audiencias relevantes. Según los impulsores, este mecanismo busca reducir la sensación de desprotección que muchas personas manifiestan frente al sistema judicial.
El proyecto también sostiene que, con los cambios propuestos, cerca del 82% de los delitos quedarán alcanzados por penas de cumplimiento efectivo. La intención es evitar que las condenas queden en suspenso o se transformen en medidas alternativas cuando la gravedad del hecho amerita prisión. Para el oficialismo, este punto es central para recuperar la confianza pública y desalentar la reincidencia.
Los delitos de corrupción son otro eje de la reforma. El Ejecutivo propone sanciones más severas para los funcionarios que administren fondos públicos, con penas que se incrementan según la jerarquía del cargo. La lógica detrás de este planteo es que la responsabilidad institucional debe ser proporcional al impacto del delito cometido.
En paralelo a la reforma penal, el Gobierno presentó formally ALERTAR, un sistema de avisos masivos que se aplicará en situaciones de riesgo inminente, como desastres naturales, tormentas severas, emergencias sanitarias o incidentes de seguridad. La herramienta, financiada con una inversión de 12.000 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal, permitirá difundir un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles que se encuentren dentro del área de alerta.
Desde el Ejecutivo explicaron que el sistema no recolecta datos personales y se activa únicamente en casos de relevancia pública, garantizando la privacidad de los usuarios. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante episodios que requieren acción inmediata y coordinación entre organismos estatales.
La combinación de una reforma penal más estricta y un sistema de alertas moderno marca la intención del Gobierno de avanzar simultáneamente sobre la prevención y la sanción. Ambas iniciativas abren un nuevo frente de debate político y legislativo, en un contexto donde la seguridad continúa entre las principales preocupaciones sociales. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de analizar los cambios propuestos y definir hasta dónde llegarán las modificaciones en el sistema penal argentino.
