El Gobierno nacional cuestionó la decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y volvió a apuntar contra la gestión de Axel Kicillof.
La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a través de un hábeas corpus preventivo colectivo. La resolución se conoció apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich fue una de las primeras dirigentes del oficialismo en reaccionar. Cuestionó el fallo y criticó tanto al gobernador bonaerense como a la Justicia provincial por la situación de seguridad.
También se expresó el diputado nacional Luis Petri, quien sostuvo que la nueva legislación fue aprobada para reducir la impunidad frente a delitos cometidos por menores y cuestionó que su implementación haya quedado suspendida.
El dirigente Sebastián Pareja, en la misma línea, calificó la decisión judicial como “profundamente antidemocrática” y defendió la aplicación de la reforma. Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, se difundieron contenidos vinculados con los alcances de la nueva ley, que fue compartida posteriormente por el presidente Javier Milei.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ser responsabilizados penalmente por determinados delitos. La reforma implica, entre otros cambios, una reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Sin embargo, el planteo judicial que frenó temporalmente la aplicación de la norma no se centró en determinar si la ley es constitucional. El principal cuestionamiento estuvo relacionado con la capacidad de la provincia de Buenos Aires para afrontar el posible aumento de adolescentes dentro del sistema penal.
La jueza advirtió sobre la falta de infraestructura, recursos materiales y personal especializado para atender a la nueva población juvenil privada de su libertad. Según la resolución, la modificación podría generar un incremento de ingresos y una mayor permanencia de jóvenes en establecimientos de encierro.
Mientras continúa la discusión judicial, el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. El nuevo esquema establece que los menores no podrán recibir prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad.
Además, determina que las medidas de encierro deberán cumplirse en establecimientos especializados y separados de los adultos. La normativa también contempla alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y dispositivos de monitoreo electrónico.
Otro de los puntos incorporados es la figura del “supervisor especializado”, destinada a realizar el seguimiento de cada adolescente y acompañar el cumplimiento de las medidas establecidas por la Justicia.
La suspensión en territorio bonaerense abrió ahora una nueva disputa entre el Gobierno nacional, la administración de Kicillof y la Justicia provincial. Mientras el oficialismo reclama avanzar con la reforma, el fallo puso el foco en las condiciones necesarias para aplicarla y en la capacidad del Estado para garantizar un tratamiento adecuado a los adolescentes involucrados.
