La causa Vialidad volvió a generar un fuerte impacto económico para el Estado. Un juicio civil iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados terminó en la caducidad del expediente y ahora los abogados que participaron del proceso podrían cobrar alrededor de $13.614 millones en honorarios, una cifra cercana a los US$10 millones.
El reclamo civil había sido iniciado en 2018 por Vialidad Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos $22.300 millones. El objetivo era recuperar fondos vinculados con las obras públicas investigadas en la causa.
Sin embargo, el proceso quedó sin el impulso necesario y la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia. El vencimiento que terminó definiendo la situación ocurrió en 2025, durante el gobierno de Javier Milei.
Vialidad llevó el planteo ante la Corte Suprema para intentar revertir esa decisión. Mientras el máximo tribunal analiza el caso, también quedó frenado el trámite para que los abogados puedan cobrar los honorarios que fueron regulados.
La regulación se realizó el 9 de abril de 2026 y alcanzó a doce profesionales que intervinieron en las distintas defensas. Entre los montos más altos aparece el de Miguel Ángel Arce Aggeo, con $3.714 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora, en tanto, recibieron regulaciones de $1.857 millones cada uno.
También figuran los abogados que representaron a Cristina Kirchner. Luis Goldín fue regulado en $549,8 millones y Fernando Muriel en $331,1 millones. Ambos cuestionaron que se haya frenado el trámite de los honorarios mientras continúa pendiente la resolución sobre la caducidad.
La situación generó una particular paradoja: el Estado había iniciado el juicio con la intención de recuperar dinero y terminó enfrentando una posible obligación millonaria por las costas del proceso.
Además, ninguna de las partes quedó completamente conforme con los montos fijados. Los abogados consideraron que sus honorarios eran insuficientes, mientras que Vialidad entendió que las cifras eran demasiado elevadas.
La definición de la Corte será clave para determinar el futuro del expediente. Si confirma la caducidad, el juicio civil quedará definitivamente terminado y avanzará la discusión sobre los honorarios. Si revierte la decisión, Vialidad podría intentar reactivar su reclamo.
El caso se suma a otro expediente que también involucra a Cristina Kirchner: la ejecución del decomiso establecido tras su condena en la causa Vialidad. La Justicia todavía debe resolver cómo se concreta la recuperación de los bienes y fondos fijados en la sentencia penal.
De esta manera, la Corte tiene bajo análisis dos cuestiones vinculadas al mismo caso: por un lado, el futuro del reclamo civil impulsado por Vialidad y, por otro, la ejecución del decomiso derivado de la condena contra la expresidenta.
