La causa que investiga el viaje privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un movimiento clave en las últimas horas: el piloto que aparece vinculado a la operatoria del vuelo solicitó declarar ante el juez federal Ariel Lijo. Se trata de un paso que podría aportar claridad sobre cómo se contrató el servicio y quiénes participaron en el financiamiento.
El piloto, Agustín Issin, fue quien adquirió un paquete de vuelos a una empresa de aviación privada y posteriormente emitió la facturación correspondiente a uno de los tramos utilizados en el traslado desde Punta del Este. Su intervención lo ubica en el centro de la escena, ya que su testimonio podría ayudar a reconstruir el circuito económico detrás del viaje.
En paralelo, la Justicia avanzó con distintas medidas para reunir pruebas. Entre ellas, se ordenó un operativo en la empresa Alpha Centauri S.A., señalada como la proveedora del servicio aéreo. El objetivo fue acceder a documentación contable, registros de operaciones y movimientos financieros que permitan entender cómo se concretó la contratación.
A su vez, se solicitaron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para analizar la situación fiscal tanto de la firma como de otros involucrados en la operatoria. La intención es detectar posibles inconsistencias o irregularidades en los pagos.
Uno de los ejes centrales de la investigación es el financiamiento del viaje. Según consta en el expediente, el tramo de ida habría sido abonado por un tercero, mientras que el regreso formó parte de un paquete de vuelos previamente contratado por el propio Issin. Ese paquete incluía varios traslados y fue adquirido por una suma considerable en efectivo, lo que despertó interrogantes en el ámbito judicial.
Además, se analiza la emisión de una factura específica por uno de los tramos, lo que podría indicar una operatoria segmentada. En este punto, los investigadores buscan determinar si se trató de una práctica habitual dentro del mercado de vuelos privados o si existieron condiciones particulares que ameriten una mirada más profunda.
La causa también apunta a establecer si hubo algún tipo de vínculo previo entre las personas involucradas que pudiera haber derivado en un beneficio para el funcionario. En ese sentido, se intenta determinar si existieron acuerdos o relaciones comerciales que expliquen el esquema de pagos.
El expediente se inició a partir de denuncias que plantearon la posibilidad de que el viaje hubiera sido financiado, al menos en parte, por terceros. Bajo esa hipótesis, la Justicia analiza si podría configurarse un beneficio indebido, una figura contemplada en la legislación penal cuando se trata de funcionarios públicos.
En este contexto, la declaración del piloto aparece como un elemento relevante. Su rol en la compra del paquete de vuelos y en la facturación lo convierte en un testigo directo de la operatoria. Su versión podría confirmar o descartar las distintas hipótesis que maneja el juzgado.
Por su parte, Adorni sostuvo públicamente que afrontó parte de los gastos del viaje y defendió la legalidad de su patrimonio. Aseguró que sus ingresos provienen de su actividad en el sector privado antes de asumir funciones públicas.
Sin embargo, la investigación no se limita a ese punto. El foco está puesto en determinar si existió algún tipo de ventaja indebida y en qué condiciones se concretó el traslado. Para eso, se analizan tanto los aspectos formales de la contratación como el contexto en el que se produjo.
Con las medidas en marcha y a la espera de nuevos testimonios, el expediente avanza en una etapa clave. La posible declaración del piloto podría aportar detalles determinantes y ayudar a esclarecer uno de los puntos más sensibles del caso: quién pagó realmente el vuelo y bajo qué condiciones.
