Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo clave para la financiación de las provincias. La norma había sido aprobada por amplia mayoría semanas atrás y, pese al intento del Gobierno por frenar su aplicación, se mantuvo firme en el Congreso.
El rechazo al veto marca un fuerte revés para el oficialismo, que quedó aislado incluso dentro de los bloques aliados. La iniciativa recibió respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la UCR, bloques provinciales y otros espacios que decidieron apoyar a los gobiernos provinciales en su reclamo por una distribución más justa de los recursos.
Desde Salta, la senadora Nora Giménez acompañó el rechazo, en línea con el reclamo de muchas provincias del norte que denuncian un ajuste desigual. La caída de transferencias discrecionales y el congelamiento de fondos nacionales impactaron fuerte en las arcas provinciales, complicando pagos de sueldos, continuidad de obras y servicios básicos.
La ley en cuestión busca limitar el uso político de los ATN y establece que su distribución se realice en base a criterios objetivos y automáticos, evitando el manejo discrecional del Ejecutivo. La Casa Rosada había vetado la norma con el argumento de que los fondos deben estar disponibles para emergencias y no ser de reparto automático, pero el Senado no convalidó esa postura.
Legisladores como Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) y Carmen Álvarez Rivero (PRO) defendieron el veto, mientras que otros, como Luis Juez, mantuvieron su rechazo a la ley. Sin embargo, la oposición unificada logró sostener la iniciativa, desoyendo el planteo presidencial.
En medio de una creciente tensión con los gobernadores, esta votación expone la fragilidad política del oficialismo en el Congreso y suma presión sobre el Ejecutivo. La frase de Guillermo Andrada, senador de Catamarca, fue una de las más resonantes de la jornada: “No voy a dejar que un filibustero financiero se lleve los recursos que necesitamos las provincias”.
El Gobierno nacional ahora deberá decidir si implementa la ley tal como fue ratificada o si insiste en frenar su aplicación, lo que podría derivar en nuevas disputas políticas o judiciales.
Para provincias como Salta, la confirmación de esta norma representa un alivio en medio del ajuste nacional. Aunque el reparto de fondos sigue siendo un tema de fondo en el debate por el federalismo, el Congreso dejó claro que no está dispuesto a ceder ante la recentralización del poder.
