El Gobierno nacional reglamentó un nuevo esquema que busca impulsar el empleo registrado mediante una reducción significativa de las cargas patronales. La medida, formalizada a través del Decreto 315/2026, establece beneficios fiscales para las empresas que incorporen trabajadores bajo determinadas condiciones, con el objetivo de ampliar la base de empleo formal en el país.
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) prevé una disminución de las contribuciones patronales durante los primeros cuatro años desde el inicio de la relación laboral. En ese período, los empleadores abonarán alícuotas reducidas del 2% y 3% destinadas a los subsistemas de seguridad social, incluyendo jubilaciones, asignaciones familiares, fondo de empleo y cobertura de salud para jubilados.
La iniciativa está orientada a promover la inserción laboral de personas que actualmente se encuentran fuera del sistema formal. En ese sentido, define perfiles específicos que permiten a las empresas acceder a los beneficios. Entre ellos, se incluyen quienes no tenían empleo registrado hasta fines de 2025, personas desempleadas durante al menos seis meses, ex monotributistas sin vínculo de dependencia reciente y trabajadores provenientes del sector público.
El esquema también fija condiciones claras para su aplicación. Las empresas interesadas deberán registrar las nuevas contrataciones dentro de un plazo determinado, que se extiende desde mayo de 2026 hasta abril de 2027. Además, deberán estar debidamente inscriptas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de la normativa.
Uno de los puntos centrales del régimen es el límite en la cantidad de trabajadores que pueden incorporarse bajo este sistema. Las nuevas altas no podrán superar el 80% de la nómina total de la empresa, una medida que busca evitar distorsiones y garantizar que el beneficio se utilice efectivamente para generar empleo adicional y no para reemplazar puestos existentes.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta política apunta a reducir el costo laboral inicial, uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas al momento de contratar personal. Al mismo tiempo, se busca generar condiciones más favorables para la formalización de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad o que tienen dificultades para acceder a un empleo estable.
El control será un aspecto clave en la implementación del programa. La ARCA estará encargada de fiscalizar que se cumplan los requisitos establecidos. En caso de detectar irregularidades, los empleadores perderán automáticamente los beneficios y deberán afrontar el pago de las contribuciones no abonadas, junto con los intereses y sanciones correspondientes.
La normativa también contempla la articulación con políticas sociales. En coordinación con el Ministerio de Capital Humano, se prevé que quienes reciben planes puedan incorporarse al empleo formal sin perder de manera inmediata la asistencia, lo que apunta a facilitar una transición progresiva hacia el trabajo registrado.
Con este paquete de medidas, el Gobierno busca dinamizar el mercado laboral y generar incentivos concretos para la contratación en blanco, en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.
