La disputa entre el Gobierno nacional y el periodismo sumó un nuevo episodio de alta tensión luego de que la periodista Luciana Geuna respondiera públicamente a la denuncia penal en su contra por presunto espionaje. El caso, que gira en torno a la utilización de dispositivos de grabación ocultos dentro de la Casa Rosada, derivó además en una reacción inmediata del presidente Javier Milei, quien reforzó su postura crítica hacia los medios y avaló medidas que restringen el acceso a la información oficial.
Durante la apertura de su programa televisivo, Geuna rechazó de plano las acusaciones y defendió el informe cuestionado. Según explicó, el material buscaba retratar el funcionamiento cotidiano en los pasillos de la sede gubernamental, sin vulnerar áreas restringidas ni acceder a información sensible. En ese sentido, aseguró que se trató de un trabajo “visual e inocente”, enfocado en mostrar la dinámica interna de la política.
La periodista también sostuvo que el equipo de producción había informado previamente a sectores vinculados a la comunicación oficial sobre la realización del informe, lo que —desde su perspectiva— descarta cualquier intención de espionaje. En su descargo, remarcó que las imágenes difundidas no exhiben contenido que no haya sido previamente conocido o accesible por otras vías públicas.
A pesar de defender el enfoque del trabajo, Geuna admitió que el informe pudo haber generado interpretaciones erróneas. Por ese motivo, anticipó que presentarán ante la Justicia todo el material sin editar, junto con los registros técnicos de la grabación, con el objetivo de demostrar que no se incurrió en ninguna irregularidad. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si existió o no una violación a las normas de seguridad.
La denuncia fue impulsada por la Casa Militar, que argumentó que el video habría expuesto aspectos vinculados a la seguridad presidencial. Entre los puntos señalados, se menciona la posible divulgación de protocolos internos y sistemas de vigilancia, lo que, según la presentación judicial, podría comprometer información estratégica sobre los movimientos dentro de la sede del Poder Ejecutivo.
En paralelo, la reacción del presidente Milei no tardó en llegar y elevó aún más el tono del conflicto. A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó con dureza las explicaciones de la periodista y ratificó su postura crítica hacia el periodismo. Además, respaldó la decisión de mantener cerrada la sala de prensa de la Casa Rosada, una medida que ya venía generando polémica en el ámbito político y mediático.
El Presidente también dejó entrever su intención de modificar la forma en que el Gobierno comunica sus decisiones, priorizando el uso de plataformas digitales por sobre los canales tradicionales. Esta postura se enmarca en una estrategia más amplia de confrontación con los medios, que se viene profundizando desde el inicio de su gestión.
El episodio no solo abre un frente judicial, sino que también reaviva el debate sobre los límites del ejercicio periodístico y el acceso a la información pública. Mientras desde el oficialismo sostienen que se trata de una cuestión de seguridad institucional, desde distintos sectores del periodismo advierten sobre el impacto que estas medidas pueden tener en la libertad de expresión.
Con la causa en curso y posiciones cada vez más firmes de ambos lados, el conflicto promete seguir escalando en los próximos días, en un contexto político ya atravesado por fuertes tensiones y discusiones sobre el rol de los medios en la vida democrática del país.
