La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había detectado ya en 2025 una operación de desinformación internacional dirigida contra la Argentina, según fuentes oficiales. Esa advertencia estratégica tomó mayor relevancia durante el Mundial 2026, cuando el país enfrentó una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios internacionales que trascendieron el ámbito deportivo.
De acuerdo con la investigación de la inteligencia argentina, la estructura denominada “La Compañía” funcionaba en coordinación con intereses geopolíticos de Rusia y estaba vinculada al “Proyecto Lahkta”, una iniciativa de desinformación impulsada en su origen por el oligarca Yevgeniy Prigozhin. El objetivo principal era conformar grupos locales para ejecutar campañas dirigidas contra el Estado argentino y su gobierno.
Entre los datos recabados en 2025 se destacaban al menos 250 publicaciones —noticias falsas, análisis sesgados y columnas de opinión— difundidas entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto estimado en 283.000 dólares. Los responsables locales de esta red fueron identificados como los ciudadanos rusos Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Iakovenko, quienes habrían financiado contactos en el país para promover mensajes negativos en la opinión pública.
Tras la final del Mundial 2026, estas operaciones se manifestaron con mayor intensidad a través de la manipulación de algoritmos en redes sociales. Un análisis de la plataforma X detectó un aumento de cuentas anónimas pero verificadas, muchas vinculadas a casas de apuestas de Rusia o Europa del Este, que viralizaron acusaciones de racismo contra Argentina y cuestionaron la legitimidad del torneo.
La SIDE había señalado que la red utilizaba focus groups y organizaciones civiles para medir el impacto de sus mensajes, que luego eran amplificados por figuras internacionales. Entre ellos se contó el actor Samuel L. Jackson, quien expresó públicamente que la Argentina era uno de los países más racistas del mundo.
En el plano interno, el Gobierno de Javier Milei respondió a este contexto con medidas concretas. Ante incidentes protagonizados por algunos estudiantes extranjeros que, beneficiados por la gratuidad en universidades públicas como la UBA, expresaron burlas hacia la derrota argentina y la causa Malvinas, el Ejecutivo habilitó por decreto el cobro de aranceles a extranjeros no residentes en salud y educación. La medida busca priorizar los recursos públicos para los residentes que sostienen el sistema.
Las alertas de 2025 describían estas actividades como una amenaza a la seguridad y la soberanía nacional. Hoy, el caso reabre el debate sobre cómo el país debe enfrentar las campañas de desinformación en un contexto global cada vez más polarizado.
