La causa Hotesur-Los Sauces volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que el fiscal Diego Velasco reclamara que se fije una fecha para el inicio del juicio oral. El expediente, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, atraviesa una etapa clave tras varios meses de demoras vinculadas a peritajes contables y cambios en la integración del tribunal.
La solicitud formal apunta a destrabar el proceso y avanzar hacia el debate público en el que se analizarán las acusaciones por presunto lavado de activos, admisión de dádivas y asociación ilícita. La investigación sostiene que, a través de las firmas Hotesur y Los Sauces, se habrían canalizado fondos provenientes de contratos de obra pública hacia el patrimonio de la familia Kirchner.
El planteo del fiscal se produjo luego de que se completara una pericia contable considerada central para la causa. Ese estudio técnico había generado retrasos en el cronograma judicial, a lo que se sumaron modificaciones en la composición del Tribunal Oral Federal Nº 5, encargado de llevar adelante el juicio. Con esos pasos ya cumplidos, la fiscalía entiende que no existen obstáculos para avanzar.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, entre 2009 y 2013 el empresario Lázaro Báez, a través de la firma Valle Mitre y otras compañías vinculadas al Grupo Austral, habría abonado sumas millonarias para alquilar y explotar complejos hoteleros pertenecientes a la familia Kirchner. Entre ellos figura el hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos bajo análisis.
Según la reconstrucción de la fiscalía, esos pagos superaron los 27 millones de pesos en concepto de explotación hotelera, mientras que otras empresas del mismo grupo empresarial habrían aportado alrededor de 11 millones adicionales por habitaciones que, en muchos casos, no registraban ocupación real o actividad comprobable. Para los investigadores, ese flujo de dinero no respondía a una lógica comercial habitual sino que constituía un mecanismo para retornar fondos que previamente habrían salido del Estado a través de contratos viales.
La acusación describe una operatoria en la que empresarios beneficiados con adjudicaciones de obra pública realizaban pagos a las sociedades hoteleras y inmobiliarias de la familia Kirchner. Esos ingresos, siempre según la fiscalía, permitían justificar movimientos financieros y ampliar el patrimonio declarado.
En el expediente también aparecen como imputados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros ex funcionarios y personas vinculadas a las sociedades investigadas. La causa, que en su momento había sido cerrada por el Tribunal Oral Federal Nº 5 mediante sobreseimientos, fue reactivada tras una revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ese tribunal revocó los sobreseimientos dictados y ordenó que el expediente avance hacia el juicio oral respecto de la mayoría de los acusados. Solo se confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner. Desde entonces, el proceso quedó a la espera de definiciones formales para su puesta en marcha.
El reclamo del fiscal Velasco se inscribe en ese escenario. Con la pericia contable ya incorporada y los planteos procesales resueltos, la fiscalía considera que corresponde fijar cuanto antes una fecha de inicio. El juicio oral será la instancia en la que se expondrán las pruebas reunidas durante la instrucción y en la que las defensas podrán rebatir cada una de las acusaciones.
En términos políticos, el expediente mantiene alto impacto. Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo una figura central del escenario nacional y cualquier avance judicial genera repercusiones tanto en el oficialismo como en la oposición. La causa Hotesur-Los Sauces se suma a otros procesos que han atravesado a la ex mandataria en los últimos años y que siguen en distintas etapas procesales.
Desde el punto de vista jurídico, el eje del debate estará puesto en determinar si existió una estructura organizada destinada a dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. La figura de lavado de activos requiere probar que el dinero proviene de un delito precedente y que se realizaron maniobras concretas para ocultar o disimular su origen. En este caso, la acusación conecta esos fondos con presuntas irregularidades en la obra pública.
La defensa, en tanto, ha sostenido históricamente que las operaciones comerciales cuestionadas fueron legales y que los contratos de alquiler y explotación hotelera respondían a acuerdos privados entre partes. También ha planteado que no existe prueba directa que vincule a Cristina Kirchner con una maniobra delictiva y que el expediente tiene un trasfondo político.
Más allá de las posiciones encontradas, la definición de una fecha para el juicio oral marcará un nuevo capítulo en un expediente que lleva más de una década de trámite. El proceso incluirá audiencias públicas, declaración de testigos, análisis de documentación contable y exposiciones técnicas que podrían extenderse durante varios meses.
En el ámbito judicial se espera que el tribunal avance en la organización del cronograma y en la notificación formal a todas las partes. La magnitud del expediente, la cantidad de imputados y el volumen de prueba anticipan un debate complejo.
Mientras tanto, la causa Hotesur-Los Sauces vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda nacional. El pedido del fiscal busca acelerar una definición que, por su peso político e institucional, tendrá repercusiones más allá de los tribunales y volverá a poner bajo la lupa el vínculo entre poder político, empresarios y manejo de fondos públicos en la Argentina.
