La Justicia federal abrió una nueva línea de investigación para determinar si el Gobierno de Javier Milei utilizó recursos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, con una escala en Argentina antes de continuar viaje hacia Estados Unidos.
El pedido fue presentado por la fiscal federal Paloma Ochoa ante la jueza María Eugenia Capuchetti. La investigación apunta a establecer si existió colaboración de funcionarios argentinos durante el desplazamiento y si se utilizaron recursos estatales de manera irregular.
Entre los aspectos que se buscan esclarecer figuran el eventual uso de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros medios pertenecientes al Estado. También se pretende reconstruir qué información manejaban las autoridades argentinas sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño.
Por ahora, no hay funcionarios imputados. La fiscalía busca reunir documentación y testimonios que permitan determinar si existieron irregularidades y quiénes pudieron haber intervenido.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra Milei y otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento. El expediente ya había tenido movimientos el 29 de octubre, cuando Capuchetti ordenó medidas preliminares y solicitó información a organismos nacionales, entre ellos Migraciones y Cancillería.
Uno de los puntos centrales de la investigación es reconstruir el recorrido que realizó Bolsonaro junto con su esposa y sus dos hijas. El grupo ingresó a la Argentina el 27 de octubre a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.
Horas después, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que partió desde territorio misionero con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí, el viaje continuó hacia Miami, Estados Unidos.
El desplazamiento generó cuestionamientos porque se produjo mientras el dirigente brasileño enfrentaba restricciones judiciales en su país. El juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había dispuesto medidas que le impedían abandonar el territorio brasileño y le exigían entregar sus documentos de viaje.
Frente a las críticas, desde el Gobierno argentino sostuvieron que el ingreso se realizó con documentación válida y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades migratorias a impedir su circulación.
Ahora, la Justicia deberá establecer si los controles se realizaron de acuerdo con los procedimientos correspondientes y si hubo alguna intervención adicional de funcionarios argentinos para garantizar el traslado.
La investigación también buscará determinar si se utilizaron recursos públicos para favorecer el desplazamiento y si las autoridades nacionales conocían las restricciones judiciales vigentes en Brasil.
El expediente se encuentra en una etapa inicial y todavía no existen conclusiones sobre posibles responsabilidades penales. La fiscalía apunta a esclarecer las circunstancias del viaje y establecer si hubo irregularidades en la actuación de funcionarios del Poder Ejecutivo.
