Edgardo Kueider, exsenador del peronismo, enfrenta un juicio oral en Paraguay tras ser acusado de intentar ingresar al país más de 200.000 dólares sin declarar. El caso tomó trascendencia internacional luego de que la justicia del país vecino rechazara su extradición solicitada por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado. Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción.
La acusación formal incluye presuntos delitos de contrabando de divisas y lavado de activos. Según la fiscalía paraguaya, ambos habrían conformado una organización dedicada al manejo habitual de operaciones financieras con fondos de origen ilícito.
El escándalo comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y su secretaria fueron detenidos en un paso fronterizo entre Argentina y Paraguay. Llevaban más de 200.000 dólares estadounidenses sin declarar, lo que dio origen a una causa por tentativa de contrabando. Desde entonces, ambos se encuentran detenidos, pero en sus respectivos domicilios.
Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para sostener las acusaciones. La defensa intentó excluir ese material del expediente, pero el juez Humberto Otazú lo rechazó categóricamente, junto con otros pedidos de nulidad presentados por los abogados de los acusados.
Según los fiscales paraguayos, el caso no se limita al contrabando de dinero. La investigación sostiene que Kueider y Guinsel Costa serían parte de una red más amplia vinculada al lavado de activos. La fiscalía apunta a maniobras sistemáticas desde 2017, en las que habrían participado empresas como BETAIL S.A. y EDEKOM S.A., utilizadas supuestamente para legitimar el dinero de origen ilegal.
Las rutas de blanqueo habrían incluido inversiones en bienes inmuebles, automóviles y hasta operaciones con criptomonedas. La sospecha más grave es que todo se habría hecho aprovechando el poder y la influencia que Kueider tenía como funcionario público en funciones durante buena parte del período investigado.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, desde Argentina, solicitó formalmente que los acusados fueran extraditados para enfrentar cargos en nuestro país. Sin embargo, la justicia paraguaya decidió mantener el caso en su jurisdicción y avanzar hacia un juicio oral y público.
El juez Otazú confirmó que el proceso se llevará adelante en Paraguay y que tanto Kueider como su secretaria serán juzgados allí. Todavía no hay una fecha fijada para el inicio del juicio, pero la causa ya fue elevada a un Tribunal de Sentencia, que deberá definir el calendario del proceso.
Este caso genera un fuerte impacto político, especialmente en la provincia de Entre Ríos, donde Kueider construyó gran parte de su carrera. Si bien ya no ocupa un cargo público, su figura sigue siendo relevante dentro del peronismo local. La posibilidad de que haya utilizado su posición para facilitar operaciones ilegales podría derivar en nuevas investigaciones, tanto en Argentina como en el exterior.
Además, el caso despierta preguntas sobre el rol de empresas privadas en el esquema y la posible conexión con otras figuras del ámbito político o económico. Aunque por ahora solo se conoce la implicación directa de Kueider y Guinsel Costa, los fiscales paraguayos no descartan más detenciones o imputaciones.
