Lo que comenzó como una revisión de apenas cinco pagos terminó destapando una investigación de gran magnitud dentro de la Armada Argentina. Una auditoría interna detectó 645 acreditaciones que no tendrían correspondencia con las liquidaciones oficiales de haberes realizadas durante más de tres años.
De acuerdo con la denuncia presentada por la propia fuerza ante la Justicia Federal, los pagos investigados alcanzaron los $981.148.567,88 y tuvieron como destinatarias a 23 personas. Entre ellas aparecen integrantes de la Armada, empleados civiles y personas que, según la documentación reunida, no tenían vínculo laboral o funcional con la institución.
El período bajo análisis se extiende desde julio de 2022 hasta enero de 2026. La investigación busca determinar cómo se produjeron las modificaciones en los registros de haberes, quiénes tuvieron acceso al circuito de pagos y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas involucradas.
El expediente avanzó por dos vías. Por un lado, la Justicia Federal comenzó a investigar si los hechos podrían constituir delitos y quiénes participaron de la operatoria. Por otro, la Armada inició un proceso disciplinario interno para establecer eventuales responsabilidades dentro de la fuerza.
La primera señal de alerta
La investigación comenzó en febrero, cuando una teniente realizó una revisión de los haberes correspondientes a enero y detectó que cinco integrantes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que, de acuerdo con los controles posteriores, no les correspondían.
En un primer momento, la situación podía ser interpretada como una irregularidad administrativa o un error en el complejo proceso de liquidación de salarios de la fuerza.
Sin embargo, la revisión se amplió cuando comenzaron a compararse los importes efectivamente acreditados en las cuentas bancarias con las liquidaciones que habían servido como respaldo para confeccionar los recibos.
El Departamento Revista tenía un rol clave dentro del circuito porque intervenía en la preparación de los haberes de la Armada. Por ese motivo, las primeras inconsistencias llevaron a ampliar el control hacia períodos anteriores.
La revisión permitió retroceder hasta julio de 2022 y encontrar movimientos que presentaban características similares.
El hallazgo que modificó el rumbo de la investigación apareció meses después. La misma oficial que había detectado los primeros pagos revisó acreditaciones anteriores y encontró una transferencia a nombre de María del Carmen Prieto, una persona que no pertenecía a la Armada.
Según la denuncia, Prieto es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien había estado al frente del Departamento Revista.
Ese descubrimiento llevó a profundizar la investigación. La Armada dispuso el apartamiento preventivo de Atanasoff y resguardó los equipos informáticos utilizados dentro del circuito de liquidación y transmisión de los haberes.
A partir de entonces, el análisis dejó de concentrarse en casos puntuales y pasó a abarcar los registros bancarios, las liquidaciones y los archivos informáticos correspondientes a varios años.
Según la reconstrucción realizada por la fuerza, las primeras operaciones con características similares aparecieron en julio de 2022, coincidiendo con el período en que Atanasoff asumió la conducción del Departamento Revista. La investigación sostiene que no se habían detectado movimientos de esas características antes de ese momento.
Cómo habría funcionado la maniobra
El expediente puso el foco en una etapa específica del proceso de pago de salarios.
Las liquidaciones eran preparadas y posteriormente se generaban archivos que permitían ordenar las transferencias correspondientes al Banco Nación. Según la denuncia, en ese tramo del procedimiento existía la posibilidad de modificar determinados registros antes de que los archivos fueran enviados a la entidad bancaria.
La hipótesis investigada sostiene que esas modificaciones podían utilizarse para aumentar el dinero que recibiría una persona que ya figuraba en la liquidación o incluso incorporar nuevos beneficiarios que no tenían un haber legítimo asignado.
Después de efectuarse las modificaciones, los registros podían ser restituidos a su estado original. De esta manera, el monto que finalmente era transferido a determinadas cuentas podía no coincidir con el importe que aparecía posteriormente en los recibos oficiales.
La Armada reconstruyó el mecanismo mediante el cruce de distintos elementos: liquidaciones de haberes, archivos enviados al banco, movimientos de las cuentas receptoras y datos almacenados en los equipos informáticos utilizados durante el procedimiento.
La investigación judicial deberá determinar ahora si ese mecanismo fue utilizado deliberadamente para desviar fondos y quiénes tuvieron participación en cada etapa.
Casi $1.000 millones y 23 beneficiarios
Hasta el momento, la auditoría identificó 645 acreditaciones cuestionadas y un total de 23 beneficiarios.
El monto histórico reconstruido asciende a $981.148.567,88. La cifra incluye pagos dirigidos a militares, empleados civiles y personas que no tenían relación con la Armada.
Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores corresponde a cuatro personas ajenas a la fuerza. Según la denuncia, entre todas recibieron $434.200.718,04 mediante 184 acreditaciones.
Ese monto representa aproximadamente el 44% del total reconstruido en esta primera etapa de la investigación.
Prieto aparece como la principal beneficiaria individual dentro de ese grupo. De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, recibió 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86.
A partir de estos datos, la investigación deberá establecer qué relación existía entre los distintos destinatarios, quién ordenaba o modificaba los pagos y si las personas que recibieron el dinero conocían el origen de los fondos.
Atanasoff, en el centro del expediente
El capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff quedó en el centro de la investigación interna después de que aparecieran pagos dirigidos a su esposa.
Según la documentación incorporada a la denuncia, durante las actuaciones administrativas el oficial reconoció conocer los pagos efectuados a las cuatro personas que no pertenecían a la Armada y sostuvo que las operaciones se realizaban de manera manual.
La denuncia presentada por la fuerza lo señala como el principal responsable de la operatoria investigada. Sin embargo, será la Justicia la que deberá determinar si efectivamente tuvo responsabilidad penal y si actuó por cuenta propia o con la participación de otras personas.
Uno de los objetivos centrales de la causa será establecer quiénes tenían acceso a los sistemas y equipos utilizados para preparar, modificar y transmitir los archivos de pago.
También deberá determinarse qué ocurrió con el dinero una vez que fue acreditado en las cuentas de los beneficiarios y si existieron transferencias posteriores que permitan reconstruir eventuales vínculos entre los involucrados.
Algunos militares devolvieron el dinero
La investigación también alcanzó a integrantes de la Armada que recibieron montos superiores a los que les correspondían.
Durante las actuaciones administrativas, algunos de ellos señalaron que habían interpretado los depósitos adicionales como posibles errores en la liquidación de sus haberes. Otros casos presentaron características diferentes y quedaron sujetos a un análisis individual.
Hasta el momento de la presentación de la denuncia, se habían restituido $42.574.267,63.
La devolución de parte del dinero no modifica el monto histórico de las acreditaciones investigadas, aunque sí representa una recuperación de fondos para la institución.
Ahora la Justicia deberá establecer si quienes recibieron las sumas adicionales conocían que se trataba de pagos indebidos y qué responsabilidad podría corresponderles en cada caso.
Denuncia penal y proceso disciplinario
La Armada decidió avanzar simultáneamente por la vía judicial y por el régimen disciplinario militar.
La fuerza presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N.º 2 y puso a disposición de los investigadores la documentación obtenida durante la auditoría interna.
En paralelo, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, ordenó el apartamiento de los militares alcanzados por las actuaciones e inició un proceso disciplinario por una falta considerada gravísima.
Ambos procedimientos son independientes. Mientras la Justicia Federal deberá determinar si existieron delitos y quiénes fueron responsables, la Armada analizará las eventuales faltas cometidas dentro de la estructura militar.
El proceso disciplinario podría derivar en sanciones severas, incluso la destitución, aunque esa consecuencia no es automática. Cada involucrado deberá conocer las imputaciones, ejercer su derecho de defensa y atravesar las instancias previstas por la normativa vigente.
La investigación judicial avanza
La causa penal ya comenzó a incorporar medidas destinadas a reconstruir el circuito de los pagos.
El fiscal Ramiro González solicitó información a la Armada y al Banco Nación, además de declaraciones testimoniales y una pericia informática sobre los equipos utilizados para confeccionar y transmitir las órdenes de pago.
El análisis de los dispositivos será una de las medidas centrales de la investigación. Los peritos deberán determinar quiénes accedieron a los equipos, qué archivos fueron modificados, cuándo se produjeron esas modificaciones y si es posible identificar usuarios concretos detrás de los cambios.
También se busca reconstruir la composición del Departamento Revista durante el período investigado, identificar a sus integrantes y establecer qué nivel de acceso tenía cada uno a los sistemas involucrados.
Con esa información, la Justicia intentará determinar si las modificaciones pudieron ser realizadas por una sola persona o si fue necesaria la intervención de varios integrantes de la estructura.
La investigación, que comenzó con cinco pagos que llamaron la atención durante una revisión de haberes, ahora tiene como eje una operatoria que habría generado acreditaciones por casi $1.000 millones durante más de tres años. La causa deberá establecer cómo funcionó el esquema, quiénes participaron y qué destino tuvieron los fondos cuestionados.
