Una revisión general impulsada por el Gobierno nacional dejó al descubierto severas diferencias en las cuentas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). De acuerdo con el informe preliminar concretado tras el desplazamiento del anterior titular del área, Diego Spagnuolo, la brecha entre los registros contables y el pasivo declarado supera los 158.717 millones de pesos, situación que encendió las alarmas administrativas y abrió un nuevo frente de investigación en la Justicia federal.
El análisis abarcó las operaciones concretadas hasta agosto de 2025 e incluyó el cotejo de fondos destinados a proveedores de medicamentos, rendiciones de caja chica, contrataciones de personal, bienes patrimoniales y declaraciones juradas de funcionarios. La disparidad principal surgió al cruzar los datos provistos por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los saldos informados por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, área responsable de articular programas clave como Incluir Salud. Esta última dependencia presentó los saldos exigibles más elevados y argumentó probables fallas involuntarias en el sistema de carga de datos de los prestadores privados.
Más allá del desfasaje numérico, la inspección puso el foco sobre los mecanismos de liquidación implementados para cancelar compromisos salientes. Los auditores detectaron un uso continuado del sistema de "legítimo abono", un procedimiento excepcional que permite abonar prestaciones o insumos contratados que no completaron a tiempo el circuito administrativo y normativo habitual de compras públicas. Hasta el cierre del informe, solo una fracción menor de las contrataciones en curso se había encauzado mediante licitaciones o compulsas ordinarias, mientras que las partidas globales transferidas a prestadores farmacéuticos superaron los 470 mil millones de pesos en el período auditado.
Estas anomalías administrativas se suman a la tramitación de expedientes que ya investiga el fuero penal porteño bajo la hipótesis de presuntos sobreprecios y cobro de comisiones indebidas en la adjudicación de prestaciones. Con la auditoría finalizada, los antecedentes recopilados fueron elevados a las autoridades correspondientes para profundizar la revisión del pasivo real, determinar responsabilidades operativas y evaluar la validez legal de cada uno de los reclamos de pago pendientes de acreditación.
