El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo para explicar la evolución de su patrimonio y responder las observaciones realizadas en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En un escrito de 78 carillas, su defensa sostuvo que los movimientos patrimoniales cuestionados cuentan con respaldo documental, contable y técnico.
La presentación respondió los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita y fue realizada luego de la prórroga concedida por el juez federal Ariel Lijo. Ahora, la documentación deberá ser analizada por la Fiscalía, que determinará si las explicaciones aportadas permiten despejar las inconsistencias detectadas durante la investigación. �
Uno de los principales argumentos de Adorni apunta a los dólares que declaró como parte de su patrimonio. Según la explicación presentada por su defensa, una parte importante de esos fondos tendría su origen en operaciones con Bitcoin realizadas varios años antes de que comenzara su actividad como funcionario público.
De acuerdo con el escrito, ocho billeteras de criptomonedas habrían generado USD 591.544,61 a partir de operaciones realizadas entre 2017 y 2018. La defensa sostuvo que las billeteras registraron movimientos desde 2014 y que las claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial.
La estrategia busca demostrar que ese dinero constituía un activo preexistente al período que actualmente analiza la Justicia. Es decir, la defensa plantea que los fondos no se originaron durante el paso de Adorni por la función pública, sino que correspondían a operaciones patrimoniales anteriores.
Según la presentación, después de la liquidación de las criptomonedas una parte de ese dinero habría quedado en dólares en efectivo. La defensa explicó que determinadas operaciones se realizaron mediante encuentros personales y pagos en moneda estadounidense, sin intervención de entidades bancarias.
Ese punto adquiere relevancia dentro de la investigación porque la evolución de los dólares en efectivo declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, forma parte de los aspectos que la Fiscalía buscó reconstruir.
La defensa señaló que el matrimonio tenía ahorros en efectivo que fueron disminuyendo durante el período analizado debido a la utilización de esos fondos para inversiones, compras y gastos vinculados con distintos inmuebles.
Entre las operaciones mencionadas aparece la adquisición y posterior remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La propiedad se convirtió en uno de los principales focos de la investigación debido a las diferencias entre los montos declarados para su compra y las cifras atribuidas a las obras realizadas posteriormente.
Según la explicación de Adorni, el lote tuvo un valor de USD 120.000. La defensa indicó que la operación se financió mediante un préstamo hipotecario de USD 100.000 y otros USD 20.000 que fueron abonados en efectivo.
A ese monto se sumó una tasa de ingreso al country de USD 5.000, que también fue incorporada a la reconstrucción financiera presentada ante la Justicia.
La diferencia por las obras de la vivienda
Otro de los puntos centrales del descargo está relacionado con el costo de las refacciones realizadas en la casa de Indio Cuá.
El contratista Matías Tabar había declarado ante la Justicia que recibió alrededor de USD 245.000 en efectivo por los trabajos efectuados en la propiedad. Esa cifra fue incorporada a la investigación y generó interrogantes sobre el origen y el destino de los fondos utilizados para afrontar las obras.
Adorni rechazó ese monto en su presentación. Su defensa sostuvo que el costo real de las refacciones fue de USD 175.000 y afirmó que ese dinero salió de una cuenta bancaria del exfuncionario.
La presentación también cuestionó parte de la documentación aportada durante la investigación y señaló diferencias entre los montos consignados en distintas planillas relacionadas con la obra.
Según la defensa, una de esas planillas atribuida al contratista registraría un total de USD 285.929, una cifra que tampoco coincide con los USD 245.000 mencionados durante la declaración judicial ni con los USD 175.000 que ahora sostiene Adorni.
De esta manera, uno de los principales puntos que deberá analizar la Justicia será determinar cuál fue efectivamente el costo de las obras realizadas en la propiedad y cómo se efectuaron los pagos.
La investigación también contempla otros movimientos patrimoniales del matrimonio. Entre ellos aparece la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y diferentes gastos vinculados con la compra y remodelación de inmuebles.
La defensa sostiene que esos desembolsos fueron afrontados con ahorros acumulados previamente y que la disminución de los dólares en efectivo declarados responde precisamente al uso de esos fondos.
El escrito también menciona declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026. Según la explicación aportada, esas modificaciones tuvieron como finalidad reflejar de manera correcta la participación de cada integrante del matrimonio en los bienes y en la deuda hipotecaria.
Las inconsistencias que analiza la Justicia
La presentación de Adorni responde a un requerimiento realizado después de que la Fiscalía detectara diferencias en la evolución de su patrimonio declarado.
Entre los aspectos observados aparecen operaciones en dólares, movimientos vinculados con criptomonedas, dinero en efectivo, compras de inmuebles y gastos relacionados con las propiedades.
En el análisis realizado durante la investigación se habían señalado inconsistencias por aproximadamente $43 millones y unos USD 400.000 que debían ser explicados. La investigación también tomó en cuenta la evolución patrimonial registrada desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de 2026.
Frente a esas observaciones, la defensa sostiene que las diferencias detectadas no implican por sí mismas la existencia de un enriquecimiento ilícito y que pueden ser explicadas mediante la documentación incorporada al expediente.
Uno de los argumentos planteados es que la brecha identificada por los investigadores sería residual en relación con el volumen total de fondos reconstruido. La defensa considera que los comprobantes contables, bancarios y técnicos permiten explicar los movimientos cuestionados.
Ahora será la Fiscalía la que deberá evaluar la documentación presentada y determinar si las respuestas brindadas resultan suficientes para despejar las dudas planteadas en el requerimiento.
La presentación no implica el cierre de la investigación judicial. El expediente continuará con el análisis de las pruebas y de las explicaciones aportadas por el exfuncionario, mientras se intenta establecer con precisión el origen y destino de los fondos involucrados.
Por el momento, el principal eje del descargo de Adorni es que los dólares que forman parte de su patrimonio tendrían origen en operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública y que los fondos utilizados posteriormente para distintas inversiones y propiedades provendrían de esos ahorros.
Al mismo tiempo, la defensa negó el monto de USD 245.000 atribuido a las refacciones de la vivienda de Indio Cuá y sostuvo que el costo de los trabajos fue de USD 175.000. La Justicia deberá ahora contrastar ambas versiones con la documentación, los registros financieros y el resto de las pruebas incorporadas a la causa.
