La defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a mover piezas en el expediente judicial conocido como Causa Vialidad y pidió que 19 propiedades vinculadas a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, queden excluidas del decomiso que impulsa la fiscalía. El planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde se discuten distintos recursos relacionados con la ejecución de la condena.
El reclamo apunta directamente a los bienes que la fiscalía pretende incluir dentro del proceso de recuperación de activos derivados de la causa judicial. Según el cálculo presentado en el expediente, el monto total del decomiso alcanzaría los $684.990.350.139,86, una cifra que surge del valor estimado de los bienes y fondos que la justicia considera vinculados con el caso.
El pedido fue firmado por los abogados defensores de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes sostienen que la inclusión de esas propiedades dentro del decomiso resulta improcedente y carece de fundamentos jurídicos sólidos. En su presentación, argumentaron que la medida excede lo que corresponde según el derecho vigente y plantearon que, en los hechos, implica una sanción indirecta contra familiares que no fueron condenados en el proceso.
Las 19 propiedades en discusión se encuentran en la provincia de Santa Cruz y figuran dentro del patrimonio de los hijos de la expresidenta. Según el planteo de la defensa, esos bienes no deberían formar parte de la lista de activos sujetos a incautación porque no existe una sentencia firme que determine con precisión cuáles deben ser decomisados ni cuál es el monto definitivo del perjuicio económico atribuido al caso.
En el escrito judicial, los abogados afirmaron que la decisión impulsada por el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, constituye una interpretación forzada del derecho. De acuerdo con su argumento, el decomiso propuesto se apoya en una construcción jurídica que, según la defensa, no surge de manera clara de las normas ni de las constancias del expediente.
Además, plantearon que se trata de una forma de “derecho creativo”, una expresión que utilizaron para cuestionar lo que consideran una aplicación novedosa y arbitraria de herramientas legales. Desde su perspectiva, esa interpretación termina ampliando el alcance de la condena más allá de la persona juzgada y afecta a su entorno familiar.
En ese sentido, los defensores sostuvieron que la medida equivale a un acto de persecución política disfrazado de resolución judicial. El planteo insiste en que la decisión de avanzar sobre bienes de los hijos de la exmandataria tendría como objetivo extender las consecuencias del proceso penal más allá de la figura central del caso.
Otro de los puntos que la defensa puso sobre la mesa es que todavía existen recursos judiciales pendientes de resolución. Según remarcaron en su presentación, el expediente aún atraviesa distintas instancias de revisión y algunas cuestiones vinculadas al decomiso podrían llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para los abogados, ese escenario demuestra que la discusión sobre el alcance de la condena y la determinación del monto final del decomiso no está cerrada. En consecuencia, consideran prematuro avanzar con la ejecución de medidas que impliquen la pérdida de bienes hasta que haya definiciones firmes en todas las instancias judiciales.
La defensa también insistió en que el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tiene origen lícito. Según afirmaron en el escrito, esa situación ya habría sido analizada en otros procesos judiciales, en los que —según sostienen— se determinó la legalidad de los bienes que integran su patrimonio.
En esa línea, explicaron que gran parte de los activos que hoy están bajo discusión fueron recibidos por los hijos de la expresidenta a través de actos jurídicos formales realizados por sus padres. Esos traspasos, indicaron, se llevaron adelante dentro de los marcos legales vigentes y con documentación respaldatoria.
El planteo apunta a reforzar la idea de que los bienes no surgieron de maniobras ilegales ni de movimientos financieros irregulares, sino de operaciones patrimoniales habituales dentro de una familia. Por esa razón, la defensa sostiene que incluirlos en el decomiso implicaría desconocer decisiones judiciales previas que, según argumentan, ya habían validado la legalidad de esos activos.
Mientras tanto, la fiscalía mantiene una postura opuesta. El representante del Ministerio Público ante la Cámara de Casación solicitó que se rechacen los planteos de las defensas y que el proceso de incautación avance según lo dispuesto en las instancias anteriores.
Desde esa posición, el objetivo es asegurar la recuperación de bienes que la justicia considera vinculados al perjuicio económico investigado en la causa. En los procesos por delitos contra la administración pública, el decomiso funciona como una herramienta destinada a restituir al Estado los recursos que habrían sido obtenidos de manera irregular.
La discusión judicial se centra, entonces, en determinar si esos bienes pueden ser alcanzados por la medida o si deben quedar fuera del alcance del decomiso. Ese análisis implica revisar tanto la titularidad de los activos como su origen y la relación que puedan tener con los hechos investigados.
El expediente de la Causa Vialidad lleva años de trámite y se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de la política argentina reciente. A lo largo del tiempo atravesó distintas etapas de investigación, juicio y revisión en tribunales superiores.
Dentro de ese marco, el debate sobre el decomiso de bienes representa una de las últimas discusiones en torno a las consecuencias económicas de la causa. La resolución que adopte la Cámara de Casación será clave para definir cómo continúa el proceso y cuál será el destino de los bienes involucrados.
Por ahora, la defensa de Cristina Kirchner busca limitar el alcance de la medida y evitar que los activos vinculados a sus hijos formen parte del decomiso. El tribunal deberá analizar los argumentos presentados y determinar si corresponde excluir esas propiedades o si, por el contrario, deben seguir dentro del proceso de recuperación patrimonial que impulsa la fiscalía.
