La jueza Marta Pascual quedó en el foco del debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil luego de suspender durante 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.
La magistrada cuestionó las condiciones existentes para implementar la nueva normativa y advirtió sobre la falta de infraestructura y recursos adecuados para alojar y asistir a menores en conflicto con la ley.
En medio de la polémica también tomó relevancia una exposición que Pascual brindó en 2023 ante estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús. Allí recordó uno de los casos más graves que atravesó durante su carrera judicial: la condena a 25 años de prisión de un hombre que había abusado sexualmente de su hija recién nacida, provocándole la muerte.
Pascual integró el tribunal que dictó aquella sentencia, pero años después aseguró que actualmente no aplicaría una pena de esa magnitud.
La jueza explicó que, aunque esperaba que tribunales superiores revisaran el monto de la condena, las distintas instancias terminaron confirmándola. A partir de esa experiencia, planteó su postura frente a las penas prolongadas, especialmente cuando se trata de jóvenes.
“Yo hoy no se lo daría”, afirmó al recordar aquella sentencia.
Su posición no implica, según explicó, desconocer la gravedad de delitos aberrantes. El eje de su planteo está puesto en la finalidad de las sanciones y en las posibilidades reales de reinserción de los adolescentes.
Pascual sostuvo que las penas deben contemplar alternativas al encierro y cuestionó que un joven permanezca privado de su libertad sin acceso adecuado a educación, capacitación u orientación psicológica.
Ese criterio volvió a aparecer con su decisión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa impulsada por el Gobierno nacional establece cambios en el sistema penal para adolescentes y contempla reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La jueza no centró su cuestionamiento exclusivamente en esa reducción. Su principal preocupación está relacionada con las condiciones en las que el Estado debería aplicar el nuevo esquema.
Según su planteo, incorporar a más adolescentes al sistema penal sin contar con establecimientos especializados, personal y programas de acompañamiento podría terminar agravando el problema que la reforma busca resolver.
La decisión generó fuertes críticas políticas, especialmente entre quienes consideran que bajar la edad de imputabilidad es una herramienta necesaria para enfrentar determinados delitos cometidos por menores. Del otro lado, sectores críticos de la reforma sostienen que una mayor respuesta punitiva no alcanza si no está acompañada por políticas de prevención, educación y reinserción.
Pascual tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la Justicia juvenil. Es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora y preside el Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.
Su carrera estuvo vinculada durante décadas con las políticas destinadas a niños y adolescentes. También ocupó cargos en la administración pública y trabajó como consultora de UNICEF.
El antecedente de la condena que ella misma dijo que hoy no repetiría no constituye el fundamento de su resolución actual, pero volvió a cobrar relevancia por su postura frente al castigo penal de los jóvenes.
Con la suspensión de 60 días, la aplicación del nuevo régimen quedó temporalmente frenada en territorio bonaerense y se abrió una nueva disputa sobre las condiciones necesarias para poner en marcha la reforma.
