La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa Hotesur-Los Sauces al disponer una actualización de los montos embargados contra Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y las sociedades familiares involucradas. Con esta medida, los embargos superan los $3.000 millones, una cifra que busca compensar la pérdida de valor del peso por efecto de la inflación.
El Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió esta actualización como forma de preservar los activos bajo investigación en una causa que sigue generando impacto político y judicial. Sólo sobre Cristina y Máximo, los embargos ascienden a más de $1.074 millones, mientras que sobre las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., el monto alcanza los $3.013 millones.
La causa investiga una presunta maniobra de lavado de dinero a través del alquiler simulado de hoteles y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner. Empresarios cercanos como Lázaro Báez y Cristóbal López habrían realizado millonarios pagos en concepto de servicios que, según los investigadores, nunca se prestaron.
Habrían sido girados más de 35 millones de dólares desde firmas vinculadas a Báez a Hotesur, mientras que Los Sauces recibió más de 25 millones en contratos similares. El esquema habría servido para disimular fondos originados en supuestos sobreprecios en obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
El expediente también alcanza a Romina Mercado, sobrina de la expresidenta y presidenta de una de las sociedades, al excontador Víctor Manzanares y a empresarios involucrados en la obra pública. Florencia Kirchner, en cambio, fue sobreseída.
Aunque aún no hay fecha para el juicio oral, la actualización de los embargos demuestra que la causa sigue activa. La Cámara de Casación debe resolver cuestiones pendientes antes de habilitar el debate oral.
Las denuncias de desvío de fondos y obras inconclusas durante los años del kirchnerismo son parte de una realidad que muchas localidades del norte conocen de cerca.
Mientras tanto, desde el entorno de Cristina Kirchner insisten en que se trata de una persecución política, aunque desde el Poder Judicial aseguran que se busca esclarecer una presunta estructura de corrupción de alto nivel. El desarrollo del juicio, cuando llegue, podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre la política, la Justicia y los fondos públicos.
